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El contrabando: ¿Un problema estrictamente fiscal?

Para la Ley contra el contrabando y la defraudación aduanera “El contrabando es la introducción o extracción clandestina al y del país de mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras…”.  Por ende, el resto de prácticas en donde intervienen agentes de las aduanas, encajan más en la figura de defraudación aduanera, que puede ser estimada con relativa certeza -la SAT lo dejó de hacer en 2012- y convertirse en una importante herramienta para orientar sus acciones.   

La estimación del contrabando y la medición del éxito de las estrategias diseñadas, no es tarea fácil, dado a que nadie tiene la información de los productos que entraron al país por pasos no autorizados, y los cálculos a partir de los empresarios, no son confiables, derivado de que muchas de las cifras pueden estar infladas para justificar su no pago de impuestos.  Por ello, la mejor forma de estimarlo es por medio de encuestas de consumo o de ventas al detalle; ambas difíciles y caras de realizar.   No obstante, y al margen del valor exacto del contrabando, es cierto que es un serio problema que debe ser atendido, y las estimaciones existentes pueden ser de utilidad para medir tendencias en el largo plazo, y con sus reservas, para la planificación de estrategias.   

Lo más importante es comprender en la definición de estrategias para el combate al contrabando, que dicho fenómeno tiene múltiples causas y no puede ser resuelto bajo una sola línea de trabajo y menos por un solo ente.   Entre los factores están:

1. La dificultad y costo de internar productos legalmente.  Incluye los costos derivados de la corrupción en las aduanas; la complejidad de los procedimientos; el nivel de los aranceles;   el tiempo de desaduanaje, etc.   Parte del problema se origina en la visión del siglo XVI de algunos funcionarios y políticos, que ven a las aduanas como la fuente principal de tributos, cuando en el mundo actual son solo una herramienta de facilitación y el control tributario es interno.

 2. El diferencial de precios internos e internacionales.  Destacan: a. la baja productividad de la industria local en ciertos productos; b. el diferencial cambiario; c. las diferencias de la política fiscal: impuestos o subsidios aplicados a los productos, etc.

3. La percepción de controles laxos.   Destaca la percepción de falta de riesgo de los contrabandistas, porque la SAT y otros entes continúan viendo el control de oferta como único mecanismo de supervisión. El control debe trasladarse a la verificación de la facturación en el mercado local y en el decomiso de los productos sin respaldo de compra y dejar la persecución en frontera sin resultados –la SAT informó que en 2017 se han decomisado Q.5 millones de su estimación del contrabando por Q.16,000 millones-.

4.  La existencia de redes criminales que involucra a sectores económicos y funcionarios públicos.

5.  La baja moral tributaria del guatemalteco ante el uso inapropiado de los recursos del Estado.

Los puntos descritos pueden discutirse y profundizarse, pero lo más importante es que la SAT modernice su visión estratégica, si realmente quiere tener resultados en el mediano plazo.  Para ello, debe involucrar en el trabajo a otros entes con responsabilidad y provocar los cambios legales necesarios, de lo contrario, en algunos años, seguiremos hablando del mismo tema, e incluso con una dimensión más grave.  

Esta columna fue publicada el 5 de mayo en la revista Contrapoder.