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Comunicados

Guatemala: para el Icefi los controles de transparencia son indispensables y no impiden la agilidad en la ejecución presupuestaria

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), realizó un foro público en el que se debatió sobre la aplicación de controles de transparencia y su efecto en la agilidad de la ejecución del presupuesto público.

El Instituto presentó su análisis de cuatro iniciativas de ley conocidas recientemente por el Congreso de la República. Con relación a las iniciativas de ley números de registro 5263 y 5264 que proponen modificar la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, el Icefi consideró necesario aprobar correcciones a errores en el texto vigente, pero no el debilitamiento o supresión de controles de transparencia para la ejecución de programas sociales y de contratos de obra pública de períodos fiscales anteriores. El Instituto sustentó sus recomendaciones basado en las anomalías que ha documentado la Contraloría General de Cuentas en la ejecución de los programas sociales. Recomendó fortalecer al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el cual a su criterio en 2017 debería elaborar el censo de derechohabientes que le ordena la ley. Asimismo, recomendó transferir a los Ministerios de Educación y de Salud Pública y Asistencia Social, los Q 516 millones asignados en el presupuesto vigente de 2017 al Mides para la ejecución de los programas sociales, acción para la cual sugirió la instalación de una mesa técnica que elabore las propuestas. Según el Icefi, estas acciones permitirían en 2018 una ejecución más efectiva y transparente de los programas sociales.

Además, el Icefi aunque se declaró consciente de la necesidad de incrementar la inversión pública en infraestructura, rechazó la propuesta de suprimir las condiciones que la ley vigente del presupuesto para 2017 impone para realizar pagos a contratos de períodos anteriores. El Instituto considera que autorizar pagos sin condiciones como auditorías o fiscalizaciones previas a los contratos cuya suscripción pudo haber violado la ley anual del presupuesto, la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Orgánica del Presupuesto, la denominada «deuda flotante ilegal», constituirían casos graves de impunidad. Al respecto, el Instituto llamó la atención al hecho que durante la interpelación en desarrollo en el Congreso de la República, el propio Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha informado de denuncias penales en contra de por lo menos 40 empresas contratistas, muchas de ellas por casos de corrupción.

Con relación a la iniciativa de ley número registro 5252, que propone modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a efecto de incrementar en alrededor de Q 1,030 millones anuales la asignación específica a favor de las municipalidades dentro del Fondo para el Desarrollo, el Gasto Social y la Paz (IVA-Paz), y destinar un monto similar para financiar la tarifa social de electricidad. El Icefi recomendó no aprobar esta propuesta ya que según los informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, las municipalidades están consideradas entre las entidades estatales que más incumplen la Ley de Acceso a la Información Pública y además numerosos funcionarios ediles están ligados a procesos judiciales por casos de corrupción. Además, el Instituto advirtió que la propuesta de destino específico para la tarifa social eléctrica carece de estudios técnicos que la respalden, recomendando realizar y publicar estudios sobre su impacto fiscal.

Finalmente, el Icefi analizó la iniciativa de ley número de registro 5269, que propone reformar la Ley de Contrataciones del Estado para modificar la compra de baja cuantía, una modalidad de adquisición pública sin los controles que aplican a la cotización o licitación públicas, para elevar de Q 25 mil a Q 90 mil el monto a partir del cual se permite su aplicación y suprimir la obligación de publicar en el sistema los documentos que respaldan esas compras. Además, propone elevar los montos en los cuales se permite la compra directa, pasando del rango de Q 25 mil a Q 90 mil, al rango de Q 90 mil a Q 150 mil. El Icefi recomendó no aprobar esta propuesta, ya que por un lado reabriría oportunidades para la corrupción, y por otro porque a su criterio las dificultades que enfrentan los alcaldes municipales, quienes demandan su aprobación, no se deben a controles excesivos en la Ley de Contrataciones del Estado, sino a debilidad en las unidades de compras y de planificación de las comunas. El Icefi recomendó capacitación para estas unidades para aprovechar las ventajas de la Subasta Electrónica Inversa y realizar adecuadamente cotizaciones y licitaciones públicas.

El Icefi concluyó reiterando que la agilidad de la ejecución se puede lograr incluso sometiéndola a controles estrictos de transparencia, procurando una buena planificación, servicio civil capacitado y disponibilidad presupuestaria oportuna y suficiente, por lo que la agilidad de la ejecución no debe ser excusa para debilitar los controles. Considera que el fortalecimiento del Estado y de entidades como el Mides es necesaria y urgente para lograr una ejecución efectiva y transparente de los programas sociales; asimismo, no deben pagarse contratos de obra pública de períodos fiscales anteriores sin auditoría y fiscalización previa. Además, que las municipalidades y gobiernos locales deben redoblar sus esfuerzos por transparencia y lucha contra la corrupción, cumplir plenamente la LAIP y las normas de transparencia como condición legítima para incrementarles sus ingresos.

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