El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) analizó la ampliación presupuestaria aprobada en el Decreto del Congreso de la República número 3-2026, el cual modifica el Decreto número 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, vigente en 2026, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que suspendió la vigencia del Decreto número 27-2025, con el cual el Congreso había aprobado el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo formuló para 2026.

El Icefi considera que la forma en la que el Congreso de la República aprobó esta ampliación presupuestaria durante la noche y madrugada del 28 y 29 de enero de 2026, vuelve a ser opaca, contraria a la transparencia y demuestra, una vez más, la imposición de las negociaciones políticas ocultas por encima de las discusiones técnicas, públicas y abiertas. El instituto expresa preocupación porque esta manera antidemocrática y opaca se esté volviendo la norma para la aprobación de legislación de interés fiscal y que, como es esperable cuando se omiten los análisis y discusiones técnicas, en la práctica terminan siendo nocivas, abriendo espacios para el abuso y la corrupción, o entorpeciendo y retrasando la ejecución de los presupuestos. El Icefi insta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que retomen la deseable y sana práctica democrática de someter las propuestas legislativas de interés fiscal al escrutinio ciudadano, y reconozcan la importancia y el valor del análisis y la discusión técnica, por encima de la negociación política y de intereses.

El anexo 1 a este comunicado muestra que el efecto de la ampliación presupuestaria sobre el presupuesto de ingresos para 2026 es, en términos generales, recuperar el nivel y la estructura del que el Congreso había aprobado en el decreto 27-2025. Como un aspecto positivo, el Icefi destaca que el total de la proyección de ingresos tributarios para 2026 recupera un nivel técnicamente confiable con Q119,762.8 millones, el cual el Instituto desde su primer análisis y en su estudio a profundidad consideró que corregía los errores de subestimación que plagaron los presupuestos de los ejercicios fiscales durante el período de 2021 a 2025. En la dirección correcta, aunque quizá insuficiente, respecto a lo que el Congreso había aprobado en el Decreto 27-2025, reduce en Q1,500.0 millones la colocación de bonos del Tesoro y aumenta en Q2,194.0 millones el uso de recursos de caja, atendiendo parcialmente las expresiones de preocupación por la existencia en el Banco de Guatemala de abultados saldos de caja sin usar. Además, restituye el monto esperado por desembolsos de préstamos, luego de que el Congreso aprobó las operaciones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Sin embargo, el anexo 2 muestra que la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso no corrigió la alteración en la distribución por impuesto de la proyección de ingresos tributarios para 2026, manteniendo montos erróneamente altos en los rubros Otros impuestos directos y Otros impuestos indirectos, lo cual, tal como el Icefi viene advirtiendo desde septiembre de 2025 en sus comunicados y en su estudio a profundidad, distorsiona las bases de cálculo de los aportes constitucionales y otros destinos específicos de los impuestos. Además, el artículo 2 del decreto aprobado oculta información, toda vez no detalla la desagregación de los ajustes en el impuesto sobre la renta y el impuesto de solidaridad, el impuesto al valor agregado doméstico y sobre importaciones, los impuestos específicos o selectivos al consumo, el impuesto sobre circulación de vehículos y el impuesto de primera matrícula, las regalías por las industrias extractivas y los ingresos por la producción compartida de hidrocarburos, entre otros. La tabla del anexo 2 muestra que, al comparar con la recaudación efectivamente observada al final de 2025, pese a que el total de ingresos tributarios ahora vuelve a ser técnicamente confiable, el detalle de la distribución de impuestos en el presupuesto de 2025 usado para arrancar el ejercicio fiscal 2026, y el presupuesto ampliado de 2026, contenidos en los decretos números 36-2024, 27-2025 y 3-2026, están severamente distorsionados y alejados de la realidad técnica y operativa.

El Icefi expresa preocupación porque la ampliación presupuestaria restituye asignaciones cuestionables en el presupuesto de egresos que habían sido incluidas en el decreto 27-2025. El Instituto vuelve a lamentar que tanto el Ejecutivo como el Legislativo hayan desatendido las recomendaciones de numerosas y diversas entidades al volver a incluir en la ampliación presupuestaria el voluminoso aporte extraordinario de Q6,312.1 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). Como lo evidencian los datos de los anexos 5 y 6, la distribución geográfica propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso para este aporte extraordinario no sigue criterios técnicos, y varios sectores señalan que obedece a intereses de tipo político partidario. El Icefi reitera una vez más sus argumentos técnicos en cuanto a que, tal como lo muestran los datos del anexo 4, en 2025 se repitió un nivel de ejecución excesivamente bajo especialmente en las asignaciones presupuestarias para este tipo aportes extraordinarios, consecuencia de carecer de sustento técnico con la planificación y los proyectos formulados con antelación, que sí respaldan a los aportes ordinarios.

Tal como lo señaló en su comunicado del 26 de noviembre de 2025, el Icefi reitera que insistir en estos aportes extraordinarios carentes de planificación y formulación adecuada de proyectos, resta credibilidad y legitimidad a todo el sistema de consejos de desarrollo, abriendo espacios amplios para la corrupción y el abuso. El anexo 4 muestra que, al tomar en cuenta el aporte ordinario y la restitución del aporte extraordinario para 2026, los saldos no ejecutados en 2024 y 2025 (Q4,640.0 millones al cierre de 2025), en 2026 la asignación presupuestaria total para los Codede alcanzaría Q15,461.5 millones. El Instituto insiste en cuanto que es este es un monto excesivamente voluminoso que, por ejemplo, excede la asignación total para de los ministerios de Gobernación y Defensa Nacional juntos (Q14,575.3 millones), y equivale al 93% de la del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Q16,537.7 millones).

El Icefi también lamenta que el artículo 16 del decreto 3-2026 haya restituido las asignaciones por un total de Q793.5 millones destinadas a obras y proyectos de inversión pública en infraestructura que introducía el artículo 121 del suspendido Decreto 27-2025. El anexo 7 muestra que se vuelven a incluir proyectos que, incluso, carecen de código en el Sistema Nacional de Inversión Pública, para los cuales tampoco se aportó análisis ni justificación técnica para su inclusión como readecuaciones presupuestarias ordenadas por el Congreso, ni el respaldo técnico para los montos asignados en calidad de pre-inversión y ejecución, en muchos casos, inusualmente iguales para proyectos sustancialmente distintos, lo que continúa sugiriendo una asignación discrecional, antojadiza o politizada.

El anexo 8 muestra que la ampliación presupuestaria también restituye asignaciones presupuestarias para la muy cuestionada práctica de aprobar aportes directos a organizaciones no gubernamentales y otros entes, que en el pasado han sido objeto de serios abusos y casos de corrupción. En el artículo 25 del decreto 3-2026 se aprueban para estas asignaciones un total de Q2,536.4 millones, Q74.3 millones más para de lo que el Congreso había aprobado en el artículo 152 del decreto 27-2025, para 172 entidades (14 adicionales a las 158 en el decreto 27-2025), de nuevo, la mayoría no gubernamentales, mezclando organizaciones bien conocidas y prestigiosas, con otras cuyo origen y capacidades son desconocidas, sin desvanecer el riesgo histórico de vinculaciones y conflictos de interés con diputados, alcaldes y financistas de campañas electorales. El Icefi reitera que, sin menoscabo de las entidades que legítimamente puedan merecer y necesitar el apoyo financiero gubernamental, volver a esta práctica con un monto tan voluminoso, al margen de las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto y de la Ley de Contrataciones del Estado, abre un espacio considerable para el abuso y la corrupción en el presupuesto aprobado para 2026.

Tal como se operó en el decreto 27-2025, estas asignaciones cuestionables volvieron a ser aprobadas a costa de que los ministerios, las secretarías y otras entidades del Estado realicen readecuaciones internas, posiblemente dejando de ejecutar proyectos y programas dentro de sus presupuestos. Por esta razón el Icefi reitera que este tipo de asignaciones de gasto agudizarán las dificultades ya existentes para el Gobierno logre ejecutar los proyectos y planes que se le reconocieron como positivos en su propuesta presupuestaria original, especialmente importantes proyectos de inversión pública en infraestructura económica y social anunciados por el Ejecutivo para arrancar en 2026.

Finalmente, el Icefi vuelve a reiterar su preocupación por la tendencia anómala que muestran las asignaciones presupuestarias para los Codede. Como detalló en su comunicado del 26 de noviembre de 2025, con una asignación ampliada de Q6,412.1 millones en 2024, de los cuales se ejecutaron solamente Q3,347.3 millones, una asignación ampliada de Q12,269.6 millones en 2025, de los cuales se ejecutaron solamente Q7,629.5 millones, ahora con una asignación de Q15,461.4 millones para 2026, de los cuales, sin mejoras en controles y capacidades, se estima que se lograría una ejecución en torno a los Q8,500 millones, dejando para 2027 un saldo sin ejecutar de alrededor de Q7,000 millones. Si a este monto se suman el aporte ordinario que toca por ley en 2027, más otro aporte extraordinario como está siendo la tendencia en el Congreso, en el año electoral los Codede dispondrían de un monto cercano a los Q18,000 millones, que por las disposiciones del Decreto 7-2025, resultarían en extremo vulnerables a malversaciones y abusos con fines político electorales. Así, el Icefi vuelve a advertir que continuar con esta tendencia amenaza no solamente la integridad de las finanzas públicas, sino la del propio sistema electoral y la democracia de Guatemala.