El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) analizó técnicamente la ampliación presupuestaria aprobada mediante el Decreto del Congreso de la República número 16-2024,^[1]detectando errores de forma y fondo.Reitera^[2]que el incremento de Q1,875.0 millones al aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), carece de justificación técnica y es vulnerable al abuso y la corrupción. Además, cuestiona la asignación de entre Q820.0 a Q1,000.0 millones para el ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), a costa de reducciones en los presupuestos para entidades ejecutoras de gasto social e inversión pública en infraestructura, para destinos carentes de sustento técnico y también vulnerables al abuso y la corrupción.

Como aspecto positivo de la ampliación presupuestaria, el Icefi destaca que se avanzó en corregir el cuantioso error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios en el presupuesto vigente de 2024, la cual la cual pasa de Q86,247.6 millones, equivalentes a una carga tributaria de 9.9%, a Q99,684.1 millones, equivalente a una carga tributaria de 11.4%. Sin embargo, esta corrección es insuficiente, toda vez que, tomando en cuenta la recaudación real observada al 31 de julio de 2024, el Icefi estima que la recaudación de impuestos cerrará 2024 en Q102,571.5 millones, equivalentes a una carga tributaria de 11.7%, por lo que persiste un error de subestimación de alrededor de Q2,887.4 millones, equivalentes a 0.3% del producto interno bruto (PIB).

Este error de subestimación impide corregir plenamente la meta de recaudación que debe cumplir la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y con ello, persiste la distorsión en los parámetros y referentes para evaluar su desempeño. Además, en caso las autoridades usen los Q99,684.1 millones como base de cálculo para la proyección de ingresos tributarios a incluir en el proyecto de presupuesto para 2025, el error de subestimación se propagará al ejercicio fiscal siguiente.

Las mayores preocupaciones del Icefi se concentran en algunas de las asignaciones de gasto aprobadas en la ampliación presupuestaria. El Congreso de la República no solo ignoró las numerosas y diversas recomendaciones técnicas que aconsejaron no aprobar el incremento de Q1,675.0 millones al aporte extraordinario para los Codede, sino que lo aumentó a Q1,875.0 millones. En el anexo técnico a este comunicado de prensa el Icefi detalla los argumentos que muestran que este incremento carece de justificación técnica, siendo así que: es opaco por no especificar la fuente de financiamiento; no explica técnicamente el origen y justificación del monto y del incremento de Q200.0 millones introducido en las enmiendas aprobadas por el Congreso; no se justifica puesto que la ejecución de las transferencias del Gobierno Central a los Codede al 15 de agosto de 2024 es solamente el 16.1% de la asignación presupuestaria sin ampliar (Q4,044.2 millones), y de apenas 10.1% de la asignación presupuestaria ampliada (Q6,401.1 millones), la cual es aún más baja si se toma en cuenta la ejecución real y no solo los montos transferidos; la distribución por municipio aprobada carece de justificación técnica, incorporando modificaciones respecto a la propuesta original sin que tampoco medie explicación técnica o política que las respalde; y, la inclusión de una norma que pretende una interpretación laxa del artículo 15 de la Ley Orgánica del Presupuesto dándole carácter multianual a este incremento, en posible contravención al artículo 38 de esa ley orgánica, que obliga a los Codede a devolver a la Tesorería Nacional los saldos en efectivo no ejecutados.

El Congreso de la República aprobó enmiendas que aumentaron significativamente la asignación presupuestaria para el Maga. Errores de inconsistencia entre las enmiendas aprobadas no permiten identificar con claridad el monto de este incremento, en un artículo de Q1,000.0 millones, pero en el resto del articulado de Q820.0 millones. El análisis revela otras anomalías, como la autorización al Maga para adquirir fertilizantes por Q400.0 millones, semillas por Q20.0 millones y aperos de labranza por Q80.0 millones, exonerándolo de la obligación de usar las modalidades más transparentes y competitivas de adquisición pública. Aunque a primera vista aparenta ser una medida legítima y orientada a reducir la inseguridad alimentaria y el costo de la canasta básica alimentaria, a criterio del Icefi, esta disposición reproduce las normativas que en el pasado facilitaron abusos y actos de corrupción.

El decreto aprobado también autoriza al Maga para crear un Fondo de Crédito Campesino, constituido con Q500.0 millones, sin que se haya elaborado el reglamento que defina los requisitos, los criterios de evaluación y las condiciones que servirán de base para otorgar los créditos. Una vez más, fundamentado en experiencias muy negativas del pasado, el Icefi expresa su mayor preocupación por la aprobación de este fondo millonario antes de establecer los requisitos y los criterios de evaluación, sin estudios, análisis, opiniones técnicas o dictámenes de entidades especializadas como la Superintendencia de Bancos. El Icefi considera que la aprobación de este incremento de Q820.0 millones o Q1,000.0 millones, según se interprete o resuelva la inconsistencia anotada, a la asignación presupuestaria del Maga constituye otro riesgo mayúsculo de corrupción y abuso.

Estos y otros elementos de análisis detallados en el anexo técnico muestran que el decreto 16-2024 fue aprobado plagado de errores técnicos, de forma y fondo. Aunque algunos de los errores de forma puedan corregirse con las revisiones de forma que debe realizar el Congreso de la República, no corregirán los serios errores de fondo identificados, como la carencia de normas adecuadas y suficientes para prevenir la comisión de abusos y actos de corrupción. Como agravante serio, algunas de las disposiciones aprobadas no solo son insuficientes, sino que revierten controles anticorrupción vigentes, como la exoneración de procesos de adquisición pública transparentes y competitivos, o la prohibición de que ciertos contratos de obra pública de infraestructura vial excedan los montos autorizados en las asignaciones presupuestarias vigentes.

En su análisis del Decreto 16-2024 aprobado por el Congreso, el Organismo Ejecutivo, si no lo vetará por la gravedad de las anomalías señaladas, debe comprometerse a emitir normas reglamentarias que contribuyan efectivamente a reducir los amplios espacios para la corrupción y el abuso que contiene el decreto aprobado.

Guatemala, Centroamérica, 19 de agosto de 2024.

Para más información, comunicarse con Mónica Juárez al teléfono (502) 2505-6363 o al correo electrónico monica.juarez@icefi.org.

 *Anexo técnico y comunicado disponible en los archivos adjuntos.