El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó un evento público en el que presentó el documento Estudio y recomendaciones sobre la utilidad y efectividad de las declaraciones juradas patrimoniales en Guatemala[1]como parte de su línea de investigación en transparencia fiscal.

El punto de partida del estudio presentado es considerar a las declaraciones juradas patrimoniales como una herramienta eficaz de la lucha contra la corrupción, en la medida que, cuando son públicas, favorecen la transparencia y la rendición de cuentas. Contribuyen a detectar el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, los conflictos de interés y los testaferros, y a garantizar la veracidad de la información, pues, al ser documentos emitidos bajo juramento, la consignación de datos falsos debe ser objeto de sanciones administrativas y penales.

El estudio aborda el marco legal nacional e internacional de las declaraciones juradas patrimoniales, la evaluación con base en el Índice de robustez de los sistemas de declaraciones patrimoniales en América Latina elaborado en 2018 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que ubicó a Guatemala en el puesto 10 de 12 países evaluados. Además, analiza las recomendaciones para Guatemala formuladas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic).

Evalúa la atención a las recomendaciones planteadas en el Diagnóstico sobre la Declaraciones Juradas Patrimoniales, realizado en 2006 por la Coalición por la Transparencia. El Icefi encontró que se han adoptado algunas, como el incremento en el presupuesto y en el personal de la Contraloría General de Cuentas, y en el número de declaraciones anuales, sin embargo, persisten varias incumplidas.

El estudio destaca el incremento de las declaraciones juradas patrimoniales de apertura, ampliación y cierre. Sin embargo, por un lado, en 2020 y 2021 no se reportaron sanciones resultado de la revisión de las declaraciones juradas patrimoniales, pero, por otro, sí se reportó trabajo con el Ministerio Público (MP) en el período de 2016 a 2022, y exámenes de auditoria únicamente en el período de 2019 a 2021 y en 2023, sin registros en los demás años. El estudio encuentra que, cuando el MP sospecha la comisión de un delito relacionado con corrupción, solicita a la Contraloría General de Cuentas información contenida en las declaraciones juradas patrimoniales, acción reportada por la Contraloría como trabajo con el MP. Sin embargo, la Contraloría General de Cuentas no ha presentado ninguna denuncia al MP fundamentada en la revisión de declaraciones juradas patrimoniales, y las sanciones administrativas aplicadas se han resuelto con el pago de multas, recursos que se registran como fondos privativos de la Contraloría. La Contraloría argumenta que no presenta denuncias penales porque la legislación actual no la faculta hacerlo a partir del análisis y fiscalización de las declaraciones juradas patrimoniales.

El Icefi recomendó modificar las funciones administrativas de la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas, facultándola a analizar y detectar información relevante, y con ello, para presentar denuncias penales ante el MP. Además, modificar la normativa relativa a los funcionarios y empleados públicos más expuestos o vulnerables al enriquecimiento ilícito, conflicto de interés, entre otras acciones consideradas actos de corrupción; reformar la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, con el propósito de suprimir la confidencialidad de las declaraciones juradas patrimoniales; fortalecer la normativa sobre el enriquecimiento ilícito y regular los conflictos de intereses; atender plenamente todas las recomendaciones del Mesicic; y, suscribir convenios interinstitucionales para el cruce de información para fortalecer las acciones anticorrupción.

El Icefi espera que este esfuerzo de investigación académica y técnica constituya un insumo para que las autoridades de las entidades del sector público, especialmente la Contraloría General de Cuentas, logren que las declaraciones juradas patrimoniales sean una herramienta más efectiva para prevenir y sancionar la corrupción. Agradeció la participación en el evento del Diputado Ronalth Ochaeta, integrante de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República, y la de César Sigüenza, coordinador del área legal de la Fundación Guatemala 2020, por su interés por la agenda de investigación del Icefi en materia de transparencia fiscal y sus comentarios al estudio presentado.

Guatemala, Centroamérica, 19 de junio de 2024.

Para más información, comunicarse con Mónica Juárez al teléfono (502) 2505-6363 o al correo electrónico monica.juarez@icefi.org.