El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó hoy su Nota de Coyuntura No. 02-2021, Implicaciones Fiscales por la adopción del Bitcoin en El Salvador.[1] Con este documento ejecutivo el Instituto espera contribuir al debate técnico sobre esta ley, y con base en un primer análisis expone sus preocupaciones por los riesgos que esta medida genera, planteando recomendaciones específicas para mitigarlos, como postergar la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin hasta agotar su análisis y discusión técnica, con el fin de evitar daños económicos, fiscales y sociales para El Salvador.

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• Documento - Implicaciones fiscales por la adopción del Bitcoin en El Salvador

Aunque el Icefi reconoce que la experiencia mundial con las cripto monedas como el Bitcoin muestra que El Salvador podría obtener algunos beneficios, las preocupaciones por los riesgos de efectos nocivos superan con creces a esos beneficios potenciales. Existen altos grados de consenso global en cuanto a que el principal problema de estos activos virtuales es su volatilidad, criterio compartido por varios galardonados con el premio Nobel de Economía y expertos, en cuanto a que la adopción de las cripto monedas podría generar una burbuja financiera.

El artículo 13 de la Ley Bitcoin recientemente aprobada instruye al Gobierno a constituir un fideicomiso de USD 150.0 millones en el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), para respaldar la convertibilidad automática e instantánea entre el Bitcoin y el dólar estadounidense. Debido a que este fideicomiso para amortiguar la volatilidad del Bitcoin se estaría financiando con deuda pública, la cual a la postre es amortizada con impuestos, el Icefi teme que con esta medida el riesgo y el costo de la volatilidad en realidad lo asumirían los contribuyentes salvadoreños, con implicaciones económicas, fiscales y sociales potencialmente muy negativas.

El carácter de medio de pago obligatorio en El Salvador que esta ley le otorga al Bitcoin puede tener efectos macroeconómicos nocivos, como un incremento en la tasa de interés, como se detalla en la Nota de Coyuntura. En el ámbito fiscal, el Icefi expone preocupación por la disposición legal que permite pagar contribuciones tributarias con Bitcoin, una medida con riesgos muy serios de golpear las ya frágiles finanzas públicas salvadoreñas. En el caso en que los contribuyentes salvadoreños decidan pagar sus impuestos con Bitcoin, el Gobierno vería reducida su disponibilidad de dólares estadounidenses para financiar el gasto público. En este escenario, es incierto cómo reaccionarían los trabajadores del Estado cuando el Gobierno se vea obligado a pagar sus salarios con Bitcoin, e igual preocupación aplicaría a los acreedores del Estado como proveedores, contratistas y tenedores de deuda soberana salvadoreña denominada en US dólares.

Esta situación ya está generando inquietud en los inversionistas, reflejada en un deterioro de los indicadores de la deuda soberana salvadoreña en el mercado internacional de capitales. Los datos de entidades como Bloomberg y JP Morgan muestran una nueva caída de los bonos salvadoreños, luego de la alarma que al inicio de mayo de 2021 generó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, considerada ilegal por muchos y diversos sectores, que incluso la estimaron como una medida de corte autoritario y antidemocrático. Ahora, con la aprobación súbita de la Ley Bitcoin, el mercado internacional de capitales vuelve a reaccionar con alarma, con lo cual ya se registra una nueva turbulencia que difícilmente las autoridades podrán apaciguar, como de alguna manera lograron hacerlo en mayo luego de las destituciones de los magistrados y el fiscal general.

Es previsible que las anomalías en el proceso de aprobación y las falencias técnicas de la Ley Bitcoin serán tomadas muy en consideración en los análisis y reportes de los referentes para los inversionistas, especialmente las agencias calificadoras de riesgo financiero y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El caso del FMI es de relevancia especial, ya que El Salvador se encuentra negociando un Acuerdo de Servicio Ampliado, que incluye un apoyo financiero de USD 1,300.0 millones, proceso que ya está siendo afectado. El jueves 10 de junio el vocero del FMI anunció que esta institución continuaría en conversaciones con las autoridades salvadoreñas, pero explicitó las preocupaciones macroeconómicas, financieras y legales por la adopción de cripto activos como monedas de curso legal. El FMI ha sido claro en cuanto a que las cripto monedas plantean riesgos significativos y las medidas reguladoras son muy importantes para manejarlos, por lo que anunció que seguirán con atención especial los acontecimientos en El Salvador. El Icefi advierte que un eventual fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el FMI generaría una crisis de confianza hacia la deuda soberana salvadoreña, reflejada en un encarecimiento agudo del financiamiento del presupuesto público, dificultades y barreras en el acceso a financiamiento en términos concesionales con la banca internacional de desarrollo.

El Icefi también comparte las preocupaciones en cuanto a que los riesgos que genera la Ley Bitcoin van más allá de los impactos económicos y fiscales, pues alcanzan el ámbito de las actividades ilícitas y el crimen organizado. Por un lado, en tanto la administración tributaria salvadoreña no se fortalezca con facultades y recursos especiales para ejercer control y fiscalización del pago de impuestos con Bitcoin, el curso legal de esta cripto moneda podría facilitar la evasión tributaria y otras formas de fraude fiscal. Por otro, la Ley Bitcoin no incluye disposiciones que recojan las medidas preventivas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo contenidas en la Recomendación 15 y la nota interpretativa del Grupo de Acción Financiera (Gafi), sin las cuales El Salvador corre el riesgo de convertirse en un centro facilitador de estos ilícitos, perpetrados abusando de las facilidades que ofrece el uso del Bicoin.

Debido a la abundancia de preocupaciones y riesgos expuestos, el Icefi recomienda aplazar la vigencia de la Ley Bitcoin hasta agotar su análisis técnico, abriendo un espacio plural, transparente e inclusivo para corregir las falencias de la ley aprobada, en especial para incorporar medidas para prevenir la evasión tributaria y el lavado de dinero, y discutir sus impactos, especialmente sobre las muy frágiles y vulnerables finanzas públicas salvadoreñas. Estas discusiones técnicas deben analizar cuidadosamente la forma en que el Bitcoin puede afectar la economía familiar. El Icefi sugiere además que este aplazamiento se anuncie a la mayor brevedad, como una medida urgente para frenar la alarma y la ola de desconfianza creciente hacia El Salvador que ya se registra en el mercado internacional de capitales.