Jonathan Menkos Zeissig
Jonathan Menkos dejó de ser parte del Icefi desde el 1 de diciembre de 2022.
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Según las estimaciones oficiales y de entes internacionales, en 2016 la economía guatemalteca tendrá un crecimiento real en torno al 4%.
Tres elementos sobresalen en la memoria del saqueo centroamericano: la búsqueda de privilegios fiscales, el hacer negocios (lícitos e ilícitos) con la administración pública y la garant
En 1998 las autoridades hondureñas promovieron la creación de la Ley de Incentivos al Turismo, que tenía como propósito promover el aumento de inversiones privadas y em
Se está cumpliendo casi un año desde que los guatemaltecos se animaron a tomar las calles para luchar en contra de la corrupción y exigir la salida de aquellos gobernantes que al amparo de la opacidad de sus acciones, utilizaron el poder público no para servir, sino para servirse.
¿Puede Centroamérica avanzar más rápido en una senda de desarrollo sostenido y sostenible? La respuesta es sí, pero requiere cambios estructurales
En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, con el objetivo de reafirmar la necesidad de construir sociedades en las que todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, puedan beneficiarse del progreso económico y social. La justicia social implica el cumplimiento de todos los derechos humanos tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, lo que debe traducirse en modelos económicos, nacionales y mundial, basados en principios de justicia, equidad, inclusión y participación en los asuntos públicos.
Rechazar el Decreto 4-2020 es defender la posibilidad de organización social, base fundamental para la democracia y un derecho de todos y cada uno de los
En una reciente entrevista para la agencia Bloomberg[1], la ministra Magdalena Andersson, quien gestiona las finanzas públicas suecas des
Mejorar la lectura y la producción editorial en Centroamérica requerirá esfuerzos públicos en cinco esferas prioritarias. Primero, el derecho a la lectura. Los Estados deben garantizar el acceso a la lectura, cuidando la pertinencia cultural. En todos los países sí se han impulsado programas de alfabetización y escolarización, pero sin acceso permanente a libros. Segundo, disposición de bibliotecas. Los países deben concretar su sistema nacional de bibliotecas públicas que garantice una biblioteca en cada unidad territorial (municipio o equivalente) y que regule la existencia de bibliotecas en todas las instituciones educativas.