El denominado B-410 es un caso en el que se emplearon mecanismos para crear estructuras artificiales basadas en empresas ficticias, sin sustento y substancia económica, con el fin de aparentar redes de compraventa de bienes y servicios, con el propósito de evitar o reducir el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta (ISR), al que están obligadas las empresas principales de las referidas estructuras.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó el evento público Los flujos ilícitos de capital, efectos tributarios y propuestas de solución, el pasado jueves 26 de septiembre en un hotel capitalino. En dicho evento presentó un análisis de la situación de Guatemala ante los estándares internacionales más recientes en la materia y sus últimos tres estudios especializados en materia tributaria: