Las discusiones en los últimos siglos se podrían resumir en torno a cuál es el papel que deben jugar los Estados en la sociedad. Desde posiciones que abogan por su reducción al mínimo, como el neoliberalismo, hasta expresiones ideológicas que apuestan por su involucramiento en todos los contextos sociales. En todo caso, en pleno siglo XXI, la idea del Estado efectivo, capaz de mejorar el bienestar social y económico, es la que se plantea como la mejor alternativa frente a la democracia y el desarrollo.

Un aspecto que en ocasiones se le pone poca atención en el ámbito de las finanzas públicas es la credibilidad.

El impago y la caída en las calificaciones de riesgo, reafirman, por si alguien lo dudaba, que la crisis fiscal que vive el país es de gran envergadura. Pero el mayor condicionante de esta situación es de carácter político partidario. Los partidos políticos en general, pero especialmente los mayoritarios, Arena y el FMLN, viven una crisis profunda de legitimidad, pero también una crisis de falta de proyecto de país. Ante ello, han encontrado en la situación fiscal su mejor argumento para maquillar su incapacidad de dar solución a los problemas de la población de cara a las próximas elecciones.

Hace ya varias décadas que la sociedad salvadoreña, en el papel, optó por la democracia como el espacio para dirimir nuestras diferencias.