En El Salvador, si bien es cierto que existen muchos empresarios que cumplen a cabalidad con todas estas premisas, hay un grupo que no. Específicamente son quienes basan su rentabilidad en el pago de salarios de hambre; la sobreexplotación de los recursos naturales o en la realización de actos de corrupción, que se manifiestan en múltiples formas.

La realidad en El Salvador muestra un bajo porcentaje de ejecución de la inversión pública, siendo una de las variables de ajuste frente a la débil situación fiscal del país.

En los últimos días hemos leído o escuchado que El Salvador puede caer en default, una palabra que no aparece en el diccionario de la RAE, pero cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para un país entero. En términos prácticos el default se da cuando el Gobierno no tiene el dinero suficiente para pagar a quienes les debe; y de acuerdo al Ministro de Hacienda eso sucederá el 7 de octubre, cuando no tenga los recursos para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP).

Todo parece tan desolado, que no hay tiempo para preocuparse sobre el hecho que hay casi 60,000 niños, niñas y adolescentes menos en las escuelas de los que había el año pasado.