Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
Hace más de un año que el gobierno de El Salvador adoptó una de las primeras medidas sobre la pandemia de la COVID-19.
En medio de una de las peores crisis sanitarias, con una caída en los ingresos y la urgencia de aumentar el gasto público, contratar deuda era lo lógico.
Los meses han pasado, los días siguen corriendo y se continúa con una falsa calma. Hasta ahora los problemas fiscales han servido únicamente para atacar al adversario.
El gobierno con sus propias decisiones se está autoasfixiando y quedando sin oxígeno fiscal y colocándose en un escenario por demás peligroso, que puede traer consecuencias sumamente graves
El 23 de marzo la realidad económica no cambió, lo que sucedió fue que el Banco Central de Reserva nos dio unos lentes de mejor calidad para verla con mayor claridad.
La dolarización está en peligro, fueron las palabras que dijo el Secretario Técnico de la Presidencia en una entrevista y las aguas del río, ya turbias, se estremecieron. Aunque se le puede reprochar que utilizara ese argumento en las vísperas de presentar la propuesta de reforma de pensiones, no por ello deja de ser un escenario que se debe analizar.
Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo.
Imagínese una casa en la cual el techo ya no sirve y cada vez que llueve, el hogar se inunda. Por más que se le pongan parches, con el pasar de los días nuevamente se va a inundar, hasta que se cambie el techo. Podemos utilizar la misma analogía para las finanzas públicas de El Salvador, aunque se le intenten poner parches, los problemas estructurales seguirán ahí. Y arreglarlo va más allá de que el Gobierno lo pueda hacer de forma solitaria.
En el contexto de Centroamérica, la IA podría ser una herramienta valiosa para abordar muchos de los desafíos socioeconómicos que enfrentan los países de la región.