Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
El Ejecutivo anunció una “nueva cuarentena especial”, en una cadena nacional, donde lo más claro fue confirmar porque es tan importante la eficiencia y efectividad en la Administración Pública.
En los últimos días hemos leído o escuchado que El Salvador puede caer en default, una palabra que no aparece en el diccionario de la RAE, pero cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para un país entero. En términos prácticos el default se da cuando el Gobierno no tiene el dinero suficiente para pagar a quienes les debe; y de acuerdo al Ministro de Hacienda eso sucederá el 7 de octubre, cuando no tenga los recursos para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo.
Es más fácil (o no) hablar con las portadas de los días siguientes, los miles de tuits, post en Facebook, mensajes en WhatsApp y videos en YouTube y TikTok.
El 1 de mayo de 2022 se cumplió el primer año de la legislatura 2021-2024.
En un sistema democrático saludable, la separación de poderes es fundamental.
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¡Paren el mundo que me quiero bajar!, diría la pequeña gran Mafalda frente a todo lo que pasa en Centroamérica.
En El Salvador, si bien es cierto que existen muchos empresarios que cumplen a cabalidad con todas estas premisas, hay un grupo que no. Específicamente son quienes basan su rentabilidad en el pago de salarios de hambre; la sobreexplotación de los recursos naturales o en la realización de actos de corrupción, que se manifiestan en múltiples formas.
Más allá de quién administra las pensiones, que, por supuesto es relevante pero no el único factor a tomar en cuenta, hay temas que suelen omitirse en este tipo de discusiones.
Para saber que nos espera como país para 2018, un buen parámetro es revisar el Presupuesto General de Estado.