Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
El descontento con la clase política salvadoreña no se gestó el 4 de marzo.
La implementación del Bitcóin no ha generado ningún beneficio real, pero ha tenido un alto costo de oportunidad al utilizar recursos públicos.
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El 1 de mayo de 2022 se cumplió el primer año de la legislatura 2021-2024.
Imagínese una casa en la cual el techo ya no sirve y cada vez que llueve, el hogar se inunda. Por más que se le pongan parches, con el pasar de los días nuevamente se va a inundar, hasta que se cambie el techo. Podemos utilizar la misma analogía para las finanzas públicas de El Salvador, aunque se le intenten poner parches, los problemas estructurales seguirán ahí. Y arreglarlo va más allá de que el Gobierno lo pueda hacer de forma solitaria.
Septiembre, el denominado mes patrio, cuando las banderas hondean y el nacionalismo aflora.
La realidad en El Salvador muestra un bajo porcentaje de ejecución de la inversión pública, siendo una de las variables de ajuste frente a la débil situación fiscal del país.
Para atender la emergencia relacionada con la pandemia se sabía que era necesario destinar millones de dólares provenientes de los impuestos, actuales y futuros, de la población.
La clase política salvadoreña ha desgastado las palabras «acuerdo fiscal». No porque se hayan esmerado por conseguirlo, sino porque este término ha sido utilizado para demostrar que la otra parte (Gobierno o partido de oposición) es quien se opone a alcanzarlo. No obstante, ahora que se aborda este tema, valdría la pena recordarles a los políticos para qué sirve la política fiscal.