Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
La dolarización está en peligro, fueron las palabras que dijo el Secretario Técnico de la Presidencia en una entrevista y las aguas del río, ya turbias, se estremecieron. Aunque se le puede reprochar que utilizara ese argumento en las vísperas de presentar la propuesta de reforma de pensiones, no por ello deja de ser un escenario que se debe analizar.
El impago y la caída en las calificaciones de riesgo, reafirman, por si alguien lo dudaba, que la crisis fiscal que vive el país es de gran envergadura. Pero el mayor condicionante de esta situación es de carácter político partidario. Los partidos políticos en general, pero especialmente los mayoritarios, Arena y el FMLN, viven una crisis profunda de legitimidad, pero también una crisis de falta de proyecto de país. Ante ello, han encontrado en la situación fiscal su mejor argumento para maquillar su incapacidad de dar solución a los problemas de la población de cara a las próximas elecciones.
En un sistema democrático saludable, la separación de poderes es fundamental.
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En el ámbito económico, 2019 fue un año de desaceleración. Suponga que usted va en un vehículo y deja de acelerar; el carro continúa avanzando, pero lo hace mucho más lento.
En las próximas décadas Centroamérica tendrá la población en edad productiva más grande de su historia, El Salvador no es la excepción; a esto se lo conoce como bono demográfico. Una oportunidad única para los países, pues el porcentaje de población en edad productiva es mayor a la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años); lo que permite que el potencial productivo de la economía sea mayor. Sin embargo, esta oportunidad también se puede convertir en un auténtico dolor de cabeza para los países, sino la aprovechan. En el caso específico de El Salvador este bono durará hasta 2030.
La pandemia ni la crisis económica ha terminado. Sin embargo, la vacuna contra el COVID-19, además de ayudar a controlar la pandemia puede ayudar a recuperar la economía.
La ciudadanía tiene el derecho de evaluar la gestión actual del gobierno.
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Si bien el impulso de la agenda no resuelve todos los problemas, implementarla implicaría un compromiso efectivo, concreto y visible para todos l
En 1997 los líderes de los países industrializados, después de hacer un mea culpa por ser los principales contaminantes, acordaron tomar medidas que permitiera