Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
La deuda pública de El Salvador, este año podría superar el 92% del PIB, es decir, de cada USD100 que se produzcan en todo el territorio nacional, USD92 ya se deberían.
El impago y la caída en las calificaciones de riesgo, reafirman, por si alguien lo dudaba, que la crisis fiscal que vive el país es de gran envergadura. Pero el mayor condicionante de esta situación es de carácter político partidario. Los partidos políticos en general, pero especialmente los mayoritarios, Arena y el FMLN, viven una crisis profunda de legitimidad, pero también una crisis de falta de proyecto de país. Ante ello, han encontrado en la situación fiscal su mejor argumento para maquillar su incapacidad de dar solución a los problemas de la población de cara a las próximas elecciones.
Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo.
Para atender la emergencia relacionada con la pandemia se sabía que era necesario destinar millones de dólares provenientes de los impuestos, actuales y futuros, de la población.
Imagínese una casa en la cual el techo ya no sirve y cada vez que llueve, el hogar se inunda. Por más que se le pongan parches, con el pasar de los días nuevamente se va a inundar, hasta que se cambie el techo. Podemos utilizar la misma analogía para las finanzas públicas de El Salvador, aunque se le intenten poner parches, los problemas estructurales seguirán ahí. Y arreglarlo va más allá de que el Gobierno lo pueda hacer de forma solitaria.
Hace ya varias décadas que la sociedad salvadoreña, en el papel, optó por la democracia como el espacio para dirimir nuestras diferencias.
En un sistema democrático saludable, la separación de poderes es fundamental.
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La respuesta para salir de esta situación tan crítica, pasa por una reforma fiscal. Pero no cualquier reforma.
La clase política salvadoreña ha desgastado las palabras «acuerdo fiscal». No porque se hayan esmerado por conseguirlo, sino porque este término ha sido utilizado para demostrar que la otra parte (Gobierno o partido de oposición) es quien se opone a alcanzarlo. No obstante, ahora que se aborda este tema, valdría la pena recordarles a los políticos para qué sirve la política fiscal.
Se suponía que mi generación debía conocer las invasiones y dictaduras únicamente a través de libros de historias, videos o relatos de quienes las padecieron.