Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
La campaña electoral no ha terminado. Las grandilocuentes propuestas de la clase política así lo confirman.
Conforme se acerca el cierre de 2022 cada vez hay más indicadores, y temores, de que la economía mundial pueda sufrir una recesión en 2023.
Para atender la emergencia relacionada con la pandemia se sabía que era necesario destinar millones de dólares provenientes de los impuestos, actuales y futuros, de la población.
Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo.
La respuesta para salir de esta situación tan crítica, pasa por una reforma fiscal. Pero no cualquier reforma.
Imagínese una casa en la cual el techo ya no sirve y cada vez que llueve, el hogar se inunda. Por más que se le pongan parches, con el pasar de los días nuevamente se va a inundar, hasta que se cambie el techo. Podemos utilizar la misma analogía para las finanzas públicas de El Salvador, aunque se le intenten poner parches, los problemas estructurales seguirán ahí. Y arreglarlo va más allá de que el Gobierno lo pueda hacer de forma solitaria.
En un sistema democrático saludable, la separación de poderes es fundamental.
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Es natural que la mayor parte de la población guarde silencio o sea indiferente por el rompimiento del Estado de derecho el 1 de mayo, porque para ellos desde hace mucho que el Estado ha es
El Salvador es un país predominantemente urbano, pero la incidencia de la pobreza es mayor en el área rural. En comparación con los habitantes de las áreas urbanas, las poblaciones rurales continúan teniendo menor acceso a los bienes y servicios básicos tales como la educación y la capacitación, la salud, el agua potable y el saneamiento ambiental, generando con ello amplias brechas de bienestar, empleo e ingresos, lo que ha fomentado un círculo vicioso de pobreza.