Bitcoin
La implementación del Bitcóin no ha generado ningún beneficio real, pero ha tenido un alto costo de oportunidad al utilizar recursos públicos.
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Más allá de lo que cada quien pueda pensar o decir, para la mayoría de la población ¿cuál es el principal problema que enfrenta El Salvador?
La adopción del bitcóin en El Salvador ejemplifica la política económica de este gobierno: improvisación y mucha, pero mucha, opacidad. Sin estudios técnicos que la respaldaran, sin debate con la sociedad.
Al cumplirse un año de haber entrado en vigencia la Ley Bitcoin, el análisis técnico del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) muestra un balance negativo, con grandes costos para la sociedad salvadoreña y sin beneficios tangibles, por lo que recomienda que la Asamblea Legislativa derogue la Ley Bitcoin, y que el uso de esa criptomoneda sea voluntario.
Documento adjunto
Ha pasado casi un año desde que la Asamblea Legislativa por iniciativa del Organismo Ejecutivo, aprobó la Ley Bitcóin.
Si uno se queda con las portadas de los medios de propaganda oficialista o las declaraciones de funcionarios, pareciera que El Salvador es el país con las mejores condiciones económicas del mundo mundial.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó el estudio «Análisis y recomendaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2022 de El Salvador», en el que propuso un conjunto de recomendaciones dirigidas a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de corregir las falencias del proyecto de presupuesto y avanzar en una política fiscal que permita fortalecer la democracia y encamine el desarrollo del país.
Documentos adjuntos:
Me encantaría vivir en el país que los funcionarios salvadoreños describen en sus declaraciones y presumen en redes sociales.
Sería feliz si las decisiones gubernamentales estuvieran encaminadas a sentar las bases para un futuro más próspero, inclusivo, seguro y sostenible. En lugar de eso la preocupación, indignación y desesperanza se profundizan con cada nuevo anuncio del Ejecutivo o con cada iniciativa de ley en el Legislativo.
¿Realmente el Gobierno cederá en temas relacionados con la transparencia y el restablecimiento del orden democrático o solo está volviendo a usar la carta para ver si baja el perfil de riesgo? ¿Correrá el riesgo el FMI de convertirse en un aliado clave para la consolidación de una autocracia en el país?
