Crisis continuas y política fiscal
La política fiscal en la región centroamericana debe estar encaminada a mejorar el bienestar de la población, realizando un gasto de calidad y buscando satisfacer aquellas necesidades sociales básicas y garantizar derechos y así, minimizar los riesgos que pueda tener la población de quedar vulnerable a los efectos de futuras crisis.
En retrospectiva, antes de que iniciara el presente siglo, más de alguien pensó que al llegar al momento presente de la historia, la humanidad habría llegado a un nivel donde se podría tener “las recetas” para “mantener el control” en diversas situaciones, esto gracias a los grandes avances científicos y tecnológicos. A pesar de que efectivamente hemos sido testigos de grandes avances en dichas materias, la sociedad actual enfrenta desafíos complejos, y aún más en plena crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.
Las lecciones vividas con la crisis de la covid-19, provoca la inquietud de cuándo estaremos frente a la próxima crisis global. Por ello, surgen las siguientes dudas: ¿qué tan débiles quedarán las finanzas públicas de la región como consecuencia de la presente crisis? ¿Se podrá seguir utilizando la política fiscal de forma sostenible para hacer frente a la próxima crisis económica o sanitaria?
La política fiscal, según su concepción teórica existe para ser “una herramienta con la que cuentan los Estados para mejorar el bienestar de todas las personas, promover un crecimiento económico, sostenido y sostenible y fortalecer la cohesión social” (ICEFI, 2018). De acuerdo a la definición anterior, una política fiscal ideal, debería sentar las bases para amortiguar las posibles consecuencias de una crisis que aparezca de forma súbita; y no solamente para apagar incendios, y mucho menos, ser el germen de nuevas crisis (tal como en el caso de la crisis latinoamericana de la deuda de la década de 1980, o la crisis de deuda en Europa de la década pasada).
Por ello, la política fiscal en la región centroamericana debe estar encaminada a mejorar el bienestar de la población, realizando un gasto de calidad y buscando satisfacer aquellas necesidades sociales básicas y garantizar derechos y así, minimizar los riesgos que pueda tener la población de quedar vulnerable a los efectos de futuras crisis.
Parte del desafío es la reestructuración del gasto actual, el cual prima el gasto por funcionamiento (absorbiendo entre el 10% y el 15% del PIB), frente al gasto de inversión, al cual solo se destina entre el 1.2% y el 4.8 % del PIB. Está ejecución efectiva del gasto debe ir acompañada de una recaudación tributaria eficiente, que permita ir ajustando las finanzas públicas, de modo que el uso de la deuda pueda ser realizado de una manera estratégica y complementaria.
Con un manejo adecuado, la política fiscal puede convertirse en una herramienta que ayude a resolver los problemas presentes, mejorando las condiciones de vida en la región, disminuyendo así las crisis permanentes y particulares de cada país, pero al mismo tiempo, con la misma se pueden ir forjando los cimientos para enfrentar con mayor tranquilidad y fortaleza, las potenciales crisis globales del futuro.
César Melgar // Asistente de investigación
Esta columna fue publicada originalmente en Gato Encerrado, disponible aquí.
