Lourdes Molina
Economista sénior
correo electrónico: lourdes.molina@icefi.org
El acceso a un salario digno es uno de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
El Covid-19 nos encontró con un Estado debilitado, incapaz de garantizar derechos y administrado por desconocedores de la naturaleza de lo público y de lo básico para diseñar polític
Un conductor que paga “mordida” para evitar una multa de tránsito; una funcionaria que acepta regalos de una empresa a cambio de “ayudarle” con la aprobación de un estudio de impacto ambiental;
El Salvador es un país insostenible, y en esta ocasión no me refiero a la polarización política o a los altos niveles de violencia e inseguridad; sino a un problema que aunque no acapara titulares también debería estar en la agenda de discusión. Hablo de la insostenibilidad ambiental.
Los retrocesos y desafíos de transparencia también se evidencian en el ámbito de la fiscalidad.
La administración Bukele tiene en la comunicación propagandística una de sus mayores fortalezas, pero ante problemas tan complejos, como enfrentar una pandemia, resulta insuficiente.
El presupuesto público permite identificar las prioridades y apuestas que un gobierno tiene.
Este año, la pandemia puso en evidencia los grandes desafíos de desarrollo que aún están pendientes de atender.