Lourdes Molina

Economista sénior
correo electrónico: lourdes.molina@icefi.org
El presupuesto público permite identificar las prioridades y apuestas que un gobierno tiene.
La energía es un elemento presente en nuestras actividades cotidianas.
El pasado domingo se realizó la jornada electoral.
El órgano legislativo tiene la función fundamental de legislar, es decir, proponer, discutir y aprobar las leyes que permiten gobernar un país.
Era una fotografía de dos niños, que bajo la lluvia, en un semáforo en medio de San Salvador hacían malabares con la esperanza de recibir a cambio alguna moneda de los automovilistas.
El Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar un sistema de protección social con un componente previsional adecuado.
Casi dos terceras partes de la población pobre a nivel mundial viven en los países que son ricos en recursos naturales. Es por ello que en el ámbito de las actividades extractivas, la transparencia fiscal es fundamental, en el sentido de que los ingresos públicos generados por dichas actividades, más allá de generar beneficios macroeconómicos, se traduzcan en oportunidades para elevar las condiciones de vida de la población, en un marco regulatorio que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas a decidir la explotación o no de los recursos, y promueva una relación con el fisco basada en la búsqueda del bien común. Independientemente de si los ingresos fiscales generados por actividades extractivas son altos o bajos con respecto al tamaño total de la economía en la que se explotan, si su gestión y manejo se realizan de manera poco transparente, difícilmente se traducirán en mejoras en las condiciones de vida de la población.
El presupuesto debe atender nuestras necesidades y derechos, no los intereses particulares de nuestros gobernantes.
No es un secreto que los países del Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador están muy cerca, si es que aún no lo son, de ser Estados fallidos.




