Lourdes Molina
Economista sénior
correo electrónico: lourdes.molina@icefi.org
Vivimos en un país en el que sus funcionarios, en lugar de conmemorar los Acuerdos de Paz, se dedican a atacar y desacreditar su valor histórico.
El Covid-19 nos encontró con un Estado debilitado, incapaz de garantizar derechos y administrado por desconocedores de la naturaleza de lo público y de lo básico para diseñar polític
Uno de los fundamentos de la democracia es el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante el ejercicio del sufragio.
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Un conductor que paga “mordida” para evitar una multa de tránsito; una funcionaria que acepta regalos de una empresa a cambio de “ayudarle” con la aprobación de un estudio de impacto ambiental;
Un dolor nada normal, una consulta médica, exámenes de laboratorio, ultrasonido.
El acceso a un salario digno es uno de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
El presupuesto público es nuestro, y es uno de los instrumentos de política pública más importantes para la vida de nuestro país.
El Salvador es un país insostenible, y en esta ocasión no me refiero a la polarización política o a los altos niveles de violencia e inseguridad; sino a un problema que aunque no acapara titulares también debería estar en la agenda de discusión. Hablo de la insostenibilidad ambiental.