Las últimas semanas las discusiones en la Asamblea Legislativa en El Salvador se enfrascaron en torno a la aprobación de USD152 millones en bonos para seguridad. No porque haya duda sobre si la inseguridad sigue siendo el principal problema para los salvadoreños o porque los partidos de oposición estuvieran en desacuerdo por las políticas implementadas por el Gobierno. El punto central de la discusión era conseguir candados para que los recursos aprobados no se utilizaran en otro rubro y asegurarse que los fondos fueran manejados con transparencia.

Aunque no sea tan emocionante como un partido de fútbol o sea menos intrigante que una novela mexicana, al presupuesto público también deberíamos prestarle atención.

El Triángulo Norte es más que la suma de tres países, es una región donde, a pesar de las fronteras, las sociedades comparten muchas características: han pasado por horrendos conflictos armados, los niveles de pobreza y desigualdad son superiores a los promedios de Latinoamérica; la violencia, la corrupción y la impunidad son cosas del diario vivir.

Es imposible ver cambios en beneficio de la población sin cambiar la política fiscal, porque la forma como se está manejando la crisis ha provocado que las finanzas públicas requieran de un res