Desde el inicio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha llevado a cabo la gestión de la administración pública en El Salvador como si se tratara de una empresa familiar en lugar de un Estado democrático. Esta forma de actuar se caracteriza por la falta de un plan de gobierno claro, la carencia de capacidad de toma de decisiones en su gabinete, una preocupante dosis de improvisación y una ausencia vergonzosa de rendición de cuentas.

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Debido a las ambigüedades y contradicciones en sus decisiones, podría resultar complicado categorizar o definir claramente al gobierno actual que lidera El Salvador. A pesar de presentarse como una figura de izquierda, ha adoptado posturas propias de la extrema derecha, lo que constituye un ejemplo evidente de esta situación.

Una empresa busca maximizar las ganancias para sus dueños o accionistas, mientras que un Estado tiene como objetivo principal la maximización del bienestar de toda la población. Esta diferencia fundamental es crucial. Sin embargo, desde el inicio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha llevado a cabo la gestión de la administración pública en El Salvador como si se tratara de una empresa familiar en lugar de un Estado democrático. Esta forma de actuar se caracteriza por la falta de un plan de gobierno claro, la carencia de capacidad de toma de decisiones en su gabinete, una preocupante dosis de improvisación y una ausencia vergonzosa de rendición de cuentas. Bukele ha convertido al Estado en una herramienta para asegurar las ganancias de unos pocos, priorizando a su círculo más cercano. A esto lo denomino «El Estado S.A. de C.V»

El presidente demuestra constantemente, a través de sus acciones, que su principal objetivo no es el desarrollo y el progreso del país, sino maximizar sus ganancias y concentrar el poder en sus manos y las de su familia. Utilizando las instituciones públicas como herramientas, Bukele está dispuesto a destruir sistemáticamente a cualquier persona u organización que se oponga a sus intenciones. Ha establecido una red de influencia y favoritismo, donde los tres poderes del Estado actúan según sus deseos.

Antes de asumir el poder, el presidente criticaba el modelo neoliberal y prometía cambiarlo. Sin embargo, en la práctica, en lugar de reemplazar el enfoque del modelo neoliberal, que es fuerte para garantizar los privilegios de unos pocos y débil para asegurar los derechos de la mayoría, Bukele ha capturado por completo y aprovechado el Estado para utilizarlos según sus intereses personales y familiares. Esto ha llevado a la existencia de instituciones inoperantes en algunos casos, mientras que, en otros, ciertas entidades actúan con gran celeridad e incluso se saltan procesos, dependiendo de lo que les resulte más conveniente en ese momento.

Uno de los problemas más evidentes de esta administración es la carencia de un plan de gobierno claro y coherente que esté fundamentado en la lógica de la planificación para el desarrollo. Esta falta de planificación se refleja en políticas y programas desarticulados, que no abordan de manera efectiva los desafíos que enfrenta el país. Gobernar un país como si fuera una empresa familiar, donde los caprichos individuales y las decisiones impulsivas sustituyen la planificación estratégica y la visión a largo plazo, inevitablemente conduce a resultados lamentables, como el incremento de la pobreza, la pobreza extrema y el hambre, así como el menor crecimiento económico en comparación con otros países de la región, por mencionar algunos ejemplos.

Otro aspecto preocupante es el rol del gabinete en la toma de decisiones. Cuando el Estado es gestionado como una empresa, se busca principalmente la obediencia ciega, lo que implica prescindir de expertos y profesionales en cada área. En esta lógica, el presidente ha optado por rodearse de personas leales a él, pero que carecen de la capacidad y autonomía para tomar decisiones fundamentadas. Esta dinámica genera una dependencia hacia el presidente y concentra el poder en sus manos, debilitando las instituciones y socavando la separación de poderes, que son elementos esenciales de una democracia saludable.

Cuando se percibe al Estado como una empresa familiar, se tiende a creer que solo se deben rendir cuentas a la propia familia. Esta actitud es alarmante, especialmente porque una parte significativa de la información relacionada con la administración pública se mantiene clasificada como reservada, lo que dificulta la rendición de cuentas y la transparencia. La falta de divulgación de información, la ausencia de instituciones de control independientes y el uso de la maquinaria estatal para perseguir a aquellos que se atreven a expresar críticas son indicadores claros de abuso de poder y una desviación del propósito fundamental del Estado. La falta de instituciones de control independientes y el acceso limitado a información relevante hacen imposible garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la sociedad en su conjunto

En lugar de fortalecer al Estado y trabajar en beneficio de toda la sociedad, la administración de Bukele parece estar enfocada en el aprovechamiento de los recursos y las instituciones públicas para asegurar ganancias personales y familiares, así como para concentrar y mantener el poder el mayor tiempo posible. Esta dinámica de nepotismo y favoritismo no solo perjudica el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía, sino que también socava los principios fundamentales de una democracia y el respeto al Estado de Derecho

Además, la búsqueda desenfrenada de poder por parte del presidente Bukele se evidencia en su persistencia en buscar la reelección presidencial, incluso cuando esto contradice la constitución. Su deseo de prolongar su mandato revela una clara intención de concentrar el poder y debilitar aún más las instituciones democráticas. En esta dinámica, el Estado se convierte en su propia empresa, donde nadie más puede liderar ni tomar decisiones. La democracia se sustenta en la alternancia y la participación ciudadana, no en la obsesión de una persona por aferrarse al poder a cualquier costo.

La única forma de cambiar esta situación es que la población comprenda que el único dueño del Estado es el propio pueblo. Por lo tanto, es fundamental exigir una administración pública transparente, basada en principios éticos y comprometida con el servicio público. Es necesario contar con instituciones sólidas e independientes que puedan ejercer un adecuado control y equilibrio sobre el poder ejecutivo.

Solo así se podrá avanzar hacia un país en el que prevalezcan la justicia, la igualdad de oportunidades y el bienestar de toda la ciudadanía, sin privilegios para unos pocos. De lo contrario, el Estado S.A. de C.V. se consolidará y los únicos beneficiados serán quienes se creen sus dueños

Ante esta situación, es el momento para que la ciudadanía se empodere y trabaje en conjunto, superando las diferencias, para construir un sistema democrático sólido, en el cual la participación activa sea la base de la toma de decisiones y donde se promueva el interés general por encima de los intereses personales.

Ricardo Castaneda Ancheta // Economista sénior / @Recasta

Esta columna fue publicidad originalmente en Gato Encerrado, disponible aquí.