En 1987, el Informe Brundtland, establecía por primera vez que «el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». En palabras de mi madre, el desarrollo sería que mis hermanos y yo, vivamos en mejores condiciones que las que vivió ella.

Imagínese una casa en la cual el techo ya no sirve y cada vez que llueve, el hogar se inunda. Por más que se le pongan parches, con el pasar de los días nuevamente se va a inundar, hasta que se cambie el techo. Podemos utilizar la misma analogía para las finanzas públicas de El Salvador, aunque se le intenten poner parches, los problemas estructurales seguirán ahí. Y arreglarlo va más allá de que el Gobierno lo pueda hacer de forma solitaria.

Hace ya varias décadas que la sociedad salvadoreña, en el papel, optó por la democracia como el espacio para dirimir nuestras diferencias.

La clase política salvadoreña ha desgastado las palabras «acuerdo fiscal». No porque se hayan esmerado por conseguirlo, sino porque este término ha sido utilizado para demostrar que la otra parte (Gobierno o partido de oposición) es quien se opone a alcanzarlo. No obstante, ahora que se aborda este tema, valdría la pena recordarles a los políticos para qué sirve la política fiscal.