En 1987, el Informe Brundtland, establecía por primera vez que «el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». En palabras de mi madre, el desarrollo sería que mis hermanos y yo, vivamos en mejores condiciones que las que vivió ella.

El 11 de junio de 2015, haciendo uso de mi derecho como ciudadano, solicité información estadística al Ministerio de Hacienda –misma información que, por ejemplo, en Guatemala se encuentra en el sitio web de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) –. Para mi sorpresa me fue denegada.

Hace ya varias décadas que la sociedad salvadoreña, en el papel, optó por la democracia como el espacio para dirimir nuestras diferencias.

Las discusiones en los últimos siglos se podrían resumir en torno a cuál es el papel que deben jugar los Estados en la sociedad. Desde posiciones que abogan por su reducción al mínimo, como el neoliberalismo, hasta expresiones ideológicas que apuestan por su involucramiento en todos los contextos sociales. En todo caso, en pleno siglo XXI, la idea del Estado efectivo, capaz de mejorar el bienestar social y económico, es la que se plantea como la mejor alternativa frente a la democracia y el desarrollo.