La situación fiscal salvadoreña está en cuidados intensivos y cada vez se complica más; esto no es algo nuevo, pero últimamente parece que cada día se encienden nuevas alarmas fiscales, alarmas que se suman a las existentes y están interrelacionadas.

Desde el 30 de abril del presente año, los precios de los bonos salvadoreños han caído  hasta en un 20.0%. Este comportamiento está directamente relacionado con la conducta antidemocrática del gobierno salvadoreño y la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, reflejada en la destitución, sin el debido proceso de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Fiscal General de la República; así como también con la aprobación de la Ley Bitcoin, una ley demasiado general y ambigua  que introduce dicha criptomoneda como moneda de curso legal  en El Salvador, sin que a la fecha se conozcan estudios técnicos o el contenido de su reglamento que permitan dar respuesta a la incertidumbre que los sectores económicos y de la población en general  tienen respecto a su implementación.

Otra alarma, que se encuentra directamente relacionada con el precio de los bonos, es el incremento del perfil de riesgo del país. Desde el inicio de mayo, el  indicador que se utiliza para medir ese riesgo, EMBI (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes por sus siglas en inglés), ha incrementado en un 57.7%, evidenciando que los bonos salvadoreños paguen tasas de interés que están hasta 8.5 puntos porcentuales por encima de  la tasa de interés asociada a los bonos del tesoro de Estados Unidos, que se consideran libres de riesgos. Después de todo si un Estado no respeta ni siquiera su propia Constitución, los inversionistas ven reducidas las garantías de que cumpla con los compromisos contraídos con la emisión de bonos soberanos, por lo que a mayor riesgo, mayor la tasa de interés.

Por eso no es de extrañar que a finales de julio, Moody’s, una de las calificadoras de riesgo más grandes a nivel mundial, haya  rebajado la calificación de la deuda salvadoreña desde B3 a Caa1, que equivale a decir que ahora los bonos salvadoreños son “bonos basura”, en los que probablemente si se colocan nuevos bonos, estos únicamente interesen a fondos de inversión buitres, que a cambio de comprarlos exigirán altísimas tasas de interés.

Por si fuera poco, desde inicios de año se espera que El Salvador firme un Acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional por un monto de USD 1,300 millones. Dicho acuerdo  además de contemplar la negociación de medidas de carácter fiscal, también abarca medidas vinculadas al respeto de la institucionalidad y al estado de derecho. Nuevamente,  las prácticas antidemocráticas y la falta de planes concretos en materia económica y fiscal  han impactado dichas  negociaciones, mismas que luego de la introducción del bitcóin como moneda de curso legal se ralentizaron.

La movilización de recursos en el mercado interno también está llena de alarmas. Hace una semana el Gobierno salvadoreño realizó una colocación de Letras del Tesoro Público (Letes), donde no solo preocupa las altas tasas de interés, por encima de los 7 puntos porcentuales, sino también los montos y plazos colocados: USD 585 mil, pagaderos en 359 días a una tasa de interés de 7.5%. Pareciera que los desafíos de liquidez son cada vez más grandes.

Todas estas alertas deberían ser suficientes para recordarle al presidente Bukele que el éxito de una gestión gubernamental va mucho más allá de los resultados de encuestas de opinión y niveles de popularidad. Gobernar requiere tomar decisiones de políticas públicas que permitan ir dando respuesta a  los desafíos fiscales del país; respuestas, que para ser distintas a las mismos de siempre, deberían primar los criterios técnicos, en lugar de los políticos. Por lo que un buen primer paso del Ejecutivo para atender las alertas fiscales, sería retomar la propuesta de un acuerdo o pacto fiscal, tal vez así en El Salvador recordamos que el diálogo democrático y transparente permite encontrar y construir soluciones integrales para los desafíos de nuestro país.

Lourdes Molina Escalante // Economista sénior / @lb_esc

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.