No. 2 - Época II. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua durante uno de los períodos del año más secos para la región. Los cambios extremos en las condiciones climáticas y la pérdida de bosques, entre otros fenómenos, agravan los períodos anuales de sequía, intensificando la competencia en el empleo del agua entre viviendas y empresas agrícolas e industriales.

Existe una variabilidad natural en el ciclo del agua que provoca que su disponibilidad se distribuya geográficamente de manera inequitativa. Es decir que, dados los patrones de lluvia, el agua no necesariamente se encuentra en las cantidades y calidades adecuadas cerca de donde se necesita y en el momento justo. Además, la limitada infraestructura de recolección y almacenamiento de agua con que cuenta la región y las desiguales cuotas de acceso al recurso, provocan invariablemente escasez. Existen, no obstante, instrumentos económicos para la gestión hídrica (IEGH) que los Estados pueden utilizar para asegurar la provisión del agua en todos sus usos y de forma sostenible.

Los IEGH son un medio por el cual los gobiernos influyen en el comportamiento de productores y consumidores al provocar cambios en los precios que estos pagan por el uso de bienes o servicios naturales, generalmente por medio de tarifas, cánones o impuestos. Estos instrumentos permiten crear los incentivos adecuados para i) generar ingresos públicos para garantizar el abastecimiento y sostenibilidad del agua, desincentivando simultáneamente usos no adecuados (función fiscal); ii) generar cambios en el comportamiento de usuarios domiciliares, agrícolas o industriales que permitan un uso más racional del agua (función de incentivo); y iii) generar ingresos para destinos específicos, como obras de infraestructura de captación, regulación y almacenamiento de agua o instituciones gestoras de agua que permitan ampliar su cobertura (función financiera).

Al revisar experiencias en 17 países de Latinoamérica, Icefi encontró la aplicación de 51 tipos de IEGH. De esos, 26 corresponden a los países Centroamericanos y el 70% se concentra en Guatemala (7), El Salvador (6) y Costa Rica (5); Honduras y Panamá, con 3 y Nicaragua con 2 instrumentos. La existencia de un número dado de mecanismos no garantiza una adecuada gestión del recurso a nivel nacional, pues estos funcionan en espacios geográficos específicos, pero permiten obtener lecciones para futuras intervenciones. Lamentablemente, ninguno de los casos encontrados tiene una función fiscal. En el contexto actual, los ciudadanos centroamericanos deben impulsar una política fiscal que promueva el buen uso del agua, la universalización de su cobertura y su sostenibilidad, garantizando así la vida y el desarrollo de la región.