Si tuviéramos un plan de desarrollo o tan siquiera un plan de gobierno podríamos esperar que el presupuesto se elaborara en función de las prioridades y objetivos nacionales de desarrollo, pero ante la ausencia de esos instrumentos de planificación solo podemos imaginarnos su contenido y confiar en que responda a las necesidades de la población.

Cada 30 de septiembre es la fecha límite para que el poder Ejecutivo presente ante la Asamblea Legislativa el presupuesto para el próximo período fiscal, es decir, el día de hoy se debe presentar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022. La relevancia de su discusión y aprobación es que esta esta ley tiene un impacto en la vida y el bienestar de todas las personas porque define: cuántos impuestos espera recaudar el gobierno; qué gastos e inversiones públicas se realizarán; si será necesario utilizar, o no, deuda pública para financiarlo; e incluso, qué normas de rendición de cuentas y transparencia que se deberán cumplir durante su ejecución. En otras palabras, el presupuesto público es lo que hace posible que el país maravilloso de los discursos políticos se haga realidad.

Este año, al igual que los anteriores, llegamos al 30 de septiembre y no conocemos ningún detalle del presupuesto; en otros países, aquellos con las mejores prácticas presupuestarias, la ciudadanía puede conocer detalles presupuestarios y participar desde el momento en el que inicia la formulación del presupuesto. Si tuviéramos un plan de desarrollo o tan siquiera un plan de gobierno podríamos esperar que el presupuesto se elaborara en función de las prioridades y objetivos nacionales de desarrollo, pero ante la ausencia de esos instrumentos de planificación solo podemos imaginarnos su contenido y confiar en que responda a las necesidades de la población.

Ojalá que el presupuesto para el otro año no deje de lado la necesidad de invertir en materia ambiental, los recursos que el Ministerio de dicho ramo recibe siempre resultan marginales al considerar el deterioro del ambiente y los recursos naturales en el país. Ojalá que en 2022, el gobierno deje de priorizar su estrategia de militarización de la seguridad pública y priorice estrategias integrales de prevención de la violencia. Ojalá que el presupuesto que se apruebe contenga medidas que promuevan una ejecución transparente, para que los recursos no se pierdan en prácticas corruptas, cada centavo perdido en corrupción se traduce en derechos sin garantizar y vidas perdidas.

Pero una de las más grandes expectativas para el presupuesto 2022 es que este se convierta en un espacio para la participación ciudadana. En un país donde los funcionarios están empecinados en destruir la democracia, la discusión del presupuesto público se convierte en una oportunidad para recordarles que este no le pertenece ni al presidente, al ministro de hacienda o a los diputados y diputadas, sino a la población salvadoreña que con sus impuestos financia el funcionamiento del Estado salvadoreño, y por lo tanto tenemos el derecho de participar en su discusión.

Lourdes Molina Escalante // Economista sénior / @lb_esc

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.