Políticas públicas, sí. Felicitaciones, no
Cada 8 de marzo se conmemora el Día internacional de la mujer.
Es un día para recordar las luchas de las mujeres por reivindicar sus derechos y por avanzar hacia la igualdad de condiciones con sus pares hombres y, también, es el momento oportuno para que, como sociedad, reflexionemos sobre los retos que aún debemos enfrentar para construir una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.
Ser mujer en un país como El Salvador no es motivo de felicitación, más bien es un motivo de preocupación por todas las brechas estructurales que menoscaban sus derechos y bienestar. Una de las principales amenazas está constituida por las múltiples formas de violencia que las mujeres y niñas enfrentan sistemáticamente, en el ámbito público y privado, a lo largo de toda su vida. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, el Observatorio de Violencia de Género estima que en 2022 cada 5 días una mujer fue asesinada por el simple hecho de serlo. Además, según los últimos datos oficiales publicados, la Fiscalía General de la República registra diariamente 17 hechos de violencia sexual en contra de mujeres, la mayoría de estos casos ocurren en el hogar. Todo esto ocurre en un país que, además, les restringe los derechos sexuales y reproductivos.
En El Salvador, la pobreza tiene rostro de mujer, más de 955 mil mujeres viven en situación de pobreza y casi 300 mil no cuentan con los recursos suficientes para cubrir el costo de sus alimentos. Esto guarda estrecha relación con el hecho de que las mujeres representan el 80% de las personas que se encuentran fuera del mercado laboral y, cuando logran incorporarse, lo hacen en condiciones desiguales que impactan directamente en su bienestar y el de sus familias. Tal es el caso de las brechas salariales existentes, a nivel nacional, el salario promedio que recibe una mujer representa apenas el 85.7% del salario promedio recibido por un hombre. Además, el 71.9% de las mujeres con empleo lo realizan en condiciones de informalidad, con salarios bajos y un menor acceso a la seguridad social, pero que en la mayoría de los casos les permite continuar a cargo de las labores de cuido en sus hogares.
El hogar es una de las esferas donde más se evidencia la desigualdad entre hombres y mujeres. Las labores de cuido, es decir tareas como la limpieza y mantenimiento del hogar, la preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, cuidado de menores de edad o adultos mayores miembros de la familia, recaen particularmente sobre las mujeres y representa la razón principal para su no participación en el mercado laboral. Para las mujeres salvadoreñas, el tiempo que dedican a la realización del trabajo doméstico equivale a un trabajo de tiempo completo, al que dedican semanalmente, un promedio de 48 horas y por el cual no reciben ningún tipo de remuneración.
La esfera pública también está llena de desafíos para las mujeres. Si bien su participación equitativa en la vida política y en la toma de decisiones es considerada fundamental para la construcción de sociedades democráticas, en nuestro país, esta es una tarea pendiente: de los 16 ministerios que integran el gabinete de gobierno, solo 6 son dirigidos por mujeres; solo 24 de los escaños legislativos son ocupados por mujeres; y, solo 30 de los 262 municipios son dirigidos por alcaldesas.
Ojalá que el próximo 8 de marzo ningún funcionario llene las redes sociales de felicitaciones por el día de la mujer, tampoco que gaste recursos públicos para la compra de flores o la realización de celebraciones para sus trabajadoras, sino que este sea el año en el que finalmente se aproveche la oportunidad para reconocer las deudas pendientes del Estado con las mujeres salvadoreñas y sea el momento en el que, finalmente, se empiecen adopten políticas públicas integrales para poner fin a todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres; para avanzar en la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuido; para fomentar la autonomía económica de las mujeres; y, fortalecer su representación y participación política, en síntesis, políticas públicas para que todas podamos gozar plenamente nuestros derechos, en condiciones de igualdad e inclusión.
Lourdes Molina Escalante // Economista sénior / @lb_esc
Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.