La expresión “elefante blanco”, en el ámbito de la administración pública, hace referencia al destino de recursos financieros (provenientes de nuestros impuestos) hacia asuntos (infraestructura, programas, proyecto, bien o servicio) que, entre otros, no generan beneficio socioeconómico, o que tienen una utilidad distinta a la inicialmente planteada, o están en desuso o no resuelven el problema para el que fueron creados.

Un gran ejemplo de ello, a mi parecer, es el Parlamento Centroamericano (Parlacen). A pesar que desde su constitución, en 1991, tiene como finalidad alcanzar la integración regional, sus resoluciones no son vinculantes con lo cual ningún país está obligado a cumplir lo que dicha entidad determina. En consecuencia, su función se limita a emitir análisis y recomendaciones.

Si a esto agregamos que sus diputados y diputadas gozan de inmunidad y que los ex presidentes de los países que lo integran (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) pueden juramentarse como tal sin ser electos popularmente; lo que tenemos es un Parlamento que abre sus puertas, incluso, a ex gobernantes cuestionables a quienes los y las centroamericanos, sin decidirlo, pagamos más de 4,000 dólares mensuales (entre sueldo base y gastos de representación) por prácticamente hacer nada.

El ejemplo más reciente es Jimmy Morales, ex presidente de Guatemala, quien el 14 de enero entregó la presidencia a Alejandro Giamattei y luego de dicho acto, casi a la media noche y en medio de protestas, fue juramentado como diputado ante el Parlacen. Gracias a ello duró solo un par de horas sin inmunidad. Morales es investigado por el Ministerio Público (MP) de Guatemala por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 40 niñas en el incendio del hogar Virgen de la Asunción, un refugio administrado por el Estado; además, fue implicado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP en el caso de corrupción por financiamiento electoral ilícito. No obstante, la inmunidad de la que gozó como presidente lo protegió de las investigaciones.

Con estos antecedentes, ¿quién podría oponerse a la intención manifestada el 22 de enero por los vicepresidentes Guillermo Castillo y Félix Ulloa, de Guatemala y El Salvador respectivamente, de reformar dicho organismo regional? Según declaraciones del vicepresidente Ulloa, de continuar como hasta ahora “seguirá existiendo la percepción de que [el Parlacen]  es una entidad que no sirve de apoyo, de sostén, de impulso de la integración y que ha servido para, en muchos casos, retirar políticos incómodos de los países, que los mandan al parlamento como premio de consolación.”

No cabe duda que repensar el Parlacen es una medida necesaria, pero no resulta suficiente sin la debida garantía de que los cambios que se impulsen resuelvan verdaderamente el problema. Por tanto habría que recomendarles a ambos vicepresidentes que, en el caso que la reforma propuesta se lleve a la práctica, no solo se limiten a cambiar el color del elefante. La ciudadanía merece cambios reales, no acciones que se anuncian con bombo y platillo pero que al final terminan siendo lo mismo de siempre. De eso ya hemos tenido suficiente hasta el día de hoy, particularmente en El Salvador.

Necesitamos pues un funcionariado comprometido con las transformaciones estructurales que permitan un cambio real de nuestras sociedades. Pero también, necesitamos de una ciudadanía  activa y crítica de las acciones que desde la administración pública se emprendan.  Se requiere transparencia y uso adecuado de los escasos recursos públicos, porque de ello depende la garantía de nuestros derechos ciudadanos, así como el desarrollo y la legitimidad democrática. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de continuar financiando elefantes sean del color que sean.

Ana Cevallos // Economista investigadora / @cevallob

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.