protección social
- Esta es la versión final que será entregada a los partidos políticos.
En Centroamérica, conforme los poderes ejecutivos están dando a conocer sus propuestas presupuestarias para 2023, está quedando claro que estas recomendaciones no sólo no figuran entre las prioridades principales, sino que, además, se demuestra negligencia y desinterés por la protección social.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera necesario que los gobiernos de Centroamérica amplíen y fortalezcan sus sistemas de protección social a través de la implementación de una renta básica universal. Con ello, se genera una garantía mínima de protección social que podría resolver las necesidades de la población en general y, a la vez, contribuir a la recuperación económica para contrarrestar el impacto de la pandemia del Covid-19.
Que no se tenía disponibilidad de los recursos necesarios, de “ni un centavo”, para enfrentar las demandas sociales y proteger a las personas afectadas luego de la tragedia ocasionada por la erupción del Volcán de Fuego, dijo el presidente en conferencia de prensa.
El pasado 9 de marzo, Icefi presentó dos ponencias, denominadas «La evolución de la asignación del presupuesto nacional para protección social en El Salvador» y «Opciones de espacio fiscal para avanzar hacia un sistema de protección social universal y sostenible»; en un actividad en la que participaron socios de la Coalición por los Pisos de Protección Social en El Salvador, iniciativa apoyada por la Fundación Friedrich Ebert.
Recientemente, la socióloga y economista Ana Sojo ha publicado el libro Protección Social en América Latina: La desigualdad en el banquillo. El libro plantea que los sistemas de protección social de América Latina y el Caribe atraviesan una crisis de legitimidad derivada de su incapacidad para asegurar el derecho ciudadano a la protección social.
La evidencia muestra que la desigualdad social es un mal acuciante en El Salvador. Datos de Oxfam muestran que 160 personas acumulaban una riqueza equivalente al 87 % del PIB en 2014. Esto tiene como consecuencia que el país pierda en 2015 un promedio de 22.2 % en el Índice de Desarrollo Humano cuando éste es ajustado por la desigualdad.
