Es común que a la fiscalidad pública se le perciba como un área técnica, del dominio de especialistas de las ciencias económicas, jurídicas o de profesiones contables o auditores. Sin embargo, toda persona que ha ejercido la función pública en instituciones como un ministerio de finanzas públicas o hacienda, o en la administración tributaria, o quien se mantiene bien informado del diario acontecer, sabe que las discusiones para decidir la aprobación de una reforma tributaria, de los presupuestos públicos, y con ellos los montos y destinos del gasto público y de la deuda pública, son procesos netamente políticos, de una dificultad y complejidad notables, que ciertamente involucran temas técnicos. Y sobre todo, es bien sabido que la decisión final generalmente recae en el poder del Estado político por excelencia, el Congreso o Asamblea legislativa.