Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
Para atender la emergencia relacionada con la pandemia se sabía que era necesario destinar millones de dólares provenientes de los impuestos, actuales y futuros, de la población.
Hace ya varias décadas que la sociedad salvadoreña, en el papel, optó por la democracia como el espacio para dirimir nuestras diferencias.
El Ejecutivo anunció una “nueva cuarentena especial”, en una cadena nacional, donde lo más claro fue confirmar porque es tan importante la eficiencia y efectividad en la Administración Pública.
Sin embargo, como dice textualmente el FMI, las vulnerabilidades aumentaron el año pasado.
La realidad en El Salvador muestra un bajo porcentaje de ejecución de la inversión pública, siendo una de las variables de ajuste frente a la débil situación fiscal del país.
Cuando para un presidente lo prioritario es mantenerse en el poder, significa que todo su tiempo, energía y recursos lo destinara para ello.
Las últimas semanas las discusiones en la Asamblea Legislativa en El Salvador se enfrascaron en torno a la aprobación de USD152 millones en bonos para seguridad. No porque haya duda sobre si la inseguridad sigue siendo el principal problema para los salvadoreños o porque los partidos de oposición estuvieran en desacuerdo por las políticas implementadas por el Gobierno. El punto central de la discusión era conseguir candados para que los recursos aprobados no se utilizaran en otro rubro y asegurarse que los fondos fueran manejados con transparencia.
En el papel, la gran diferencia entre el sector privado y el sector público es que el primero busca su bienestar individual a través de la maximización de la ganancia y