Según los datos oficiales de los bancos centrales y de los ministerios de hacienda o finanzas de Centroamérica, el crecimiento económico en 2023 será menor al de 2022.

Centroamérica atraviesa una serie de situaciones que, desde 2022, han repercutido en su dinámica económica y con ello, en la fiscal. Desde la desaceleración económica a nivel mundial, los efectos inflacionarios en los bienes y servicios de consumo final, administraciones públicas que, en vez de realizar esfuerzos reales por reducir la corrupción, continúan una regresión a regímenes autoritarios y prácticamente dictatoriales, alejándose más de gobiernos democráticos, equitativos y respetuosos de los derechos humanos.

En ese contexto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó un Panorama de las Finanzas Públicas en Centroamérica 2023, una evaluación de las tasas de crecimiento económico, las cargas tributarias, el gasto público, los balances presupuestarios, el endeudamiento público y la transparencia fiscal. Los datos analizados en 2022 muestran que la trayectoria económica de la región se orientó a la normalización, tomando en cuenta la pérdida de generación de riqueza y bienestar sufrida en 2020 y 2021. En 2022, además, a la región la afectaron fenómenos exógenos que incluyeron aumentos en las tasas de interés en los países desarrollados, que redujeron la demanda de productos, y la presión inflacionaria que provocó la guerra en Ucrania, impactando negativamente el crecimiento económico.

Según los datos oficiales de los bancos centrales y de los ministerios de hacienda o finanzas de Centroamérica, el crecimiento económico en 2023 será menor al de 2022. La economía que mejor podría crecer sería la panameña, con una tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de 5.0%, mientras que la costarricense y salvadoreña serían las más bajas con 2.7%. Estas condiciones se asemejan al ritmo potencial anterior a 2020, por lo que la riqueza que se pudo generar durante los últimos 3 años, debe darse por perdida y es poco probable recuperarla en el corto plazo.

En el sector fiscal, desde 2022 se ha manifestado un clima de austeridad en la mayor parte de la región. Los ingresos públicos crecieron por la inflación de los commodities, dinamizando la recaudación de los impuestos al comercio exterior. Con la excepción de Guatemala, este incremento en los ingresos se reflejó en una reducción del déficit fiscal y en el endeudamiento público.

Otros factores de influencia fueron los flujos monetarios por las remesas internacionales, producto de la migración de miles de centroamericanos, con efectos en el consumo interno y, por consiguiente, en la recaudación de impuestos. También, la volatilidad en los tipos de cambio –sin contar a Panamá y El Salvador por ser economías dolarizadas– produjeron que el valor nacional de las importaciones se incrementara, repercutiendo en el pago de impuestos aplicados al consumo y que se cobran en aduanas.

En 2023 las condiciones no serán las mismas que en los últimos 3 años. Se espera que desaparezcan o se aminoren los efectos en las variables externas que condicionaron el comportamiento en 2022. Con ello podría esperarse que las cargas tributarias centroamericanas retomen los niveles de 2021, sin embargo, lamentablemente las autoridades de algunos países subestiman los valores de recaudación en los presupuestos públicos, con proyecciones por debajo de su normalidad económica y capacidad recaudatoria real. En síntesis, la carga tributaria promedio en Centroamérica durante 2022 fue 15.3% y se espera que para 2023 alcance 14.4%.

En Centroamérica el gasto público en 2022 mantuvo la tendencia de austeridad, hecho que también se reflejó en el déficit fiscal. Para 2023, los presupuestos públicos aprobados mostraron una tendencia de reducciones planificadas del gasto público, lamentablemente sacrificando el gasto público social y probablemente, según la tendencia, alcanzarían niveles de ejecución bajos. Solamente Honduras muestra un incremento considerable de su gasto público en 2023, de al menos 3.6% del PIB, y en menor medida Panamá con 0.1% del PIB. Con ello se espera que Honduras alcance un gasto público de 25.2% del PIB, El Salvador de 23.3% y Costa Rica de 18.8%, siendo estos tres países los más altos. Lamentablemente Guatemala sigue teniendo el menor gasto público con 14.0% del PIB, inadecuado tomando en cuenta el deterioro de las condiciones de vida de su población y la limitada calidad en la infraestructura física, económica y social.

Como ya se mencionó, los déficit fiscales de la región reflejan una estrategia de control de las finanzas públicas. Los marcos fiscales muestran una trayectoria que se basa más en controlar el déficit o el endeudamiento, que cumplir objetivos de desarrollo o de bienestar para la población. En 2023, la mayoría de los países de la región mantendrán déficits relativamente bajos, a excepción de Honduras, que, dada la orientación de su gobierno, podría incrementarlo. En cuanto al endeudamiento público, El Salvador mantiene una tendencia alcista, con un saldo proyectado al final de 2023 de 73.3% del PIB, mientras que la condición de Costa Rica también es preocupante, toda vez se proyecta que podría cerrar 2023 en 63.7% del PIB.

Independientemente de las condiciones económicas y fiscales relativamente estables, 2023 podría presentar dificultades por factores externos como la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, y de cómo reaccionen las dinámicas de los mercados internacionales. Las administraciones públicas deben ser cautelosas con el manejo de su política fiscal, pero también, es importante que prioricen la garantía de los derechos de su ciudadanía. Las posibles reducciones de las cargas tributarias y el incremento del endeudamiento no deberían erosionar el gasto público social. También se alienta a los gobiernos a mejorar sus estándares y cumplimientos de transparencia, como parte de un deber con su ciudadanía.

Carlos Gossmann // Economista sénior / @CarlosGossmann

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.