

El uso indebido de recursos públicos para campañas electorales
Lo ocurrido en Guatemala debería motivar a la sociedad civil centroamericana a plantearse cómo abordar el uso indebido de recursos públicos en las campañas electorales.
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El fin de semana pasado se llevó a cabo la elección general en Guatemala, en la cual se eligieron diputados para el Congreso de la República y el Parlamento Centroamericano, así como las corporaciones municipales. Además, se definieron los binomios que participarán en la segunda vuelta de la elección presidencial y vicepresidencial, programada para el 25 de agosto.
Por primera vez desde 1985, cuando comenzó el proceso de apertura democrática en Guatemala, este evento estuvo caracterizado por una gran desconfianza de la ciudadanía hacia el árbitro del proceso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta institución era una de las pocas que había logrado mantener su credibilidad frente a la población. Según una encuesta realizada por Prensa Libre, tres de cada cuatro personas cuestionaron la transparencia del proceso electoral y el trabajo del TSE. Además, unos días antes de la jornada electoral, se publicaron reportajes periodísticos que daban cuenta de presuntos sobornos a los magistrados del TSE provenientes del entorno del actual presidente de la República, lo que intensificó la controversia alrededor del desempeño de las autoridades electorales.
Uno de los principales cuestionamientos dirigidos al TSE fue su pasividad frente a múltiples denuncias de uso indebido de recursos públicos para las campañas electorales, cuando deberían destinarse al servicio de la ciudadanía. De acuerdo con el quinto informe de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt), durante el actual proceso electoral guatemalteco se registró un alto y frecuente uso de recursos públicos con fines partidistas, con base en información de su red de observadores electorales, de las denuncias en los medios de comunicación y de la ciudadanía. Del 27 de marzo hasta el 15 de junio, la MOE-Gt observó y documentó 43 casos de uso indebido de recursos públicos para campañas electorales.
Estos casos ocurrieron a través de la participación de trabajadores del Estado en horario laboral en actividades de campaña electoral; en la entrega de productos y otros beneficios de programas del gobierno central, como el Programa del Adulto Mayor, o de municipalidades, como insumos agrícolas y alimentos; y, la inauguración de obras públicas. Todas estas acciones están prohibidas por la Ley Electoral y de Partidos Políticos. De acuerdo con los reportes, estos ilícitos ocurrieron en municipios de 15 departamentos, de forma predominante en las cabeceras departamentales, y principalmente involucrando a candidatos que buscaban la reelección.
Sin embargo, ni las autoridades electorales ni los órganos de control, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, anunciaron el inicio de investigaciones serias para deducir responsabilidades legales a funcionarios, partidos políticos u otras personas involucradas en los casos denunciados, quienes están abusando de su posición de autoridad y manipulando los recursos destinados al bienestar público para un beneficio propio. La MOE-Gt señaló específicamente que la falta de efectividad de los mecanismos de control, auditoría y sanción, especialmente por parte del TSE, contribuye a la impunidad de las personas responsables de contravenir ocasional o sistemáticamente la legislación sobre financiamiento electoral y sobre el uso indebido de recursos públicos para gastos de campaña.
Lo ocurrido en Guatemala debería motivar a la sociedad civil centroamericana a plantearse cómo abordar el uso indebido de recursos públicos en las campañas electorales. En este sentido, es necesario exigir previsiones legales e institucionales que aborden cualquier acción ilegal o inapropiada que involucre la utilización de recursos del Estado, como dinero, bienes o servicios, con el objetivo de favorecer a una candidatura o partido político. Este tipo de prácticas afecta la equidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los contendientes, al ofrecer ventajas injustas y generar un desequilibrio en la representación política al favorecer a ciertos grupos o partidos, en detrimento de otros, poniendo en peligro la integridad de los procesos electorales.
Desde el punto de vista legal, corresponde exigir que se fortalezcan las disposiciones normativas, o que se establezcan en caso de no existir, para garantizar que no se produzca el uso indebido de los recursos públicos, y que los partidos no puedan recibir asistencia financiera clandestina u obtenida de manera fraudulenta con dichos recursos. La ley también debe establecer claramente hasta qué punto los empleados públicos pueden participar en una campaña, de manera que no puedan ser coaccionados para votar por un partido o candidato en particular, ni se les obligue a participar en actos de campaña durante su horario laboral. A partir de experiencias internacionales, la normativa debe abarcar estas variantes y otros métodos utilizados para el uso indebido de recursos.
En términos de capacidades institucionales, se debe exigir que existan mecanismos claros sobre: los canales y procedimientos para que la ciudadanía y otros actores puedan presentar denuncias ante estos abusos; las acciones y medidas sólidas de control que deben realizar no solo las autoridades electorales, en la jurisdicción administrativa-electoral, sino también las entidades públicas encargadas de velar por la calidad del gasto público, la integridad y la ética de los funcionarios públicos, así como el Ministerio Público en su rol de ejercer la persecución penal correspondiente. Además, es fundamental que exista información disponible al público sobre los resultados de las investigaciones realizadas por estas instituciones, incluyendo las sanciones impuestas.
El tema que nos ocupa es relevante para proteger el sistema democrático, o lo que aún queda de él en la región. El uso indebido de recursos públicos en campañas electorales afecta la equidad y la igualdad de oportunidades al crear desigualdades en el acceso a recursos, distorsionar el juego democrático, fomentar la corrupción y el abuso de poder, y desalentar la participación ciudadana. En el último caso, si la ciudadanía percibe que el juego político está sesgado a favor de las candidaturas respaldadas por recursos públicos, puede generar un desánimo generalizado y desincentivar la participación ciudadana en los procesos electorales. Por lo tanto, es de vital importancia exigir transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de las campañas electorales para preservar la integridad del proceso democrático.
Carlos Melgar Peña // Investigador / @CarlosMelgarGT
Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.