No son Estados de bienestar, más bien son Estados de malestar, son los padres o madres ausentes, de dejar a la suerte a su propia gente, que obligan a salir de casa y posiblemente no regresar, cuando ya no hay otra opción, porque la vida también corre peligro si se queda.
Es imperativo que los gobiernos de la región implementen políticas que alienten el proceso de recuperación económica incentivando la inversión, lo cual implica crear certeza jurídica, institucionalidad fuerte asociados a menores niveles de corrupción e impunidad, que permitan la generación de empleos de calidad.
La respuesta para salir de esta situación tan crítica, pasa por una reforma fiscal. Pero no cualquier reforma. La parte financiera no puede desligarse de la institucionalidad democrática.
En Guatemala el hambre y la falta de seguridad alimentaria es de hecho un problema estructural, que surge a partir de causas subyacentes, como la desigualdad de ingresos que eleva el riesgo de la inseguridad alimentaria y la pobreza.
La recaudación tributaria debe responder a la atención de las necesidades de la población, por lo que cada uno de los países de la región debiera hacer una oportuna evaluación de cuánto necesita recaudar para el efecto, pero también de la estructura de cobro de impuestos.
La posibilidad de construir un país más seguro para todos y todas, como el que describe en los spots publicitarios no pasa por tener más soldados y más balas; sino tener más profesores, más médicos, más ciencia, más protección social y más protección ambiental.
La crisis del COVID-19 puso de manifiesto la importancia de los sistemas de protección social para proteger la salud, el empleo y los ingresos, por lo que en 2020 se introdujeron muchas medidas nuevas de protección social, sin embargo, un alto porcentaje de los gobiernos optaron por desmantelar o no dar continuidad en 2021 a esos programas extraordinarios de apoyo económico y social
La transparencia fiscal está demostrando ser una condición muy necesaria, pero insuficiente para que Centroamérica supere la corrupción y los retrocesos en su proceso democrático.
El gobierno con sus propias decisiones se está autoasfixiando y quedando sin oxígeno fiscal y colocándose en un escenario por demás peligroso, que puede traer consecuencias sumamente graves para todo el país. ¿Cuáles opciones le quedan?
Al finalizar 2020, 2.1 millones de centroamericanos cayeron en pobreza, llegando a sumar 19.3 millones y representando el 38.4 % de la población centroamericana total.