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En Guatemala, la población en primera infancia se estima en 2.6 millones de niños y niñas, equivalente al 14.2% de la población total. Según datos de 2018, el 58.9% reside en áreas rurales y el 69.0% vive en condiciones de pobreza, lo que plantea desafíos significativos. La Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia (PPDIPI) 2024-2044 busca reducir estas inequidades mediante un plan de acción y seguimiento que garantice atención integral.
El estudio aborda la temática de las garantías sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala desde la perspectiva de las inversiones públicas, mediante una metodología que definir los gastos sensibles en la atención directa a la población Indígena, detallando en cifras las diferencias significativas en la distribución de las finanzas públicas desde la identidad étnica de las personas.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Save the Children, publicaron su Quinto informe de monitoreo del presupuesto del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán) y otras actividades relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en Guatemala, que cubre el segundo trimestre, de abril a junio de 2023.
La magnitud de la pobreza es algo que supera lo que de manera individual o particular se pueda hacer.
Sin lugar a duda las medidas de prevención y mitigación fueron necesarias para evitar en un inicio olas de contagio masivas, las cuales hubieran colapsado de inmediato los sistemas de salud pública y privado.
En el primer trimestre de 2023 la Corte IDH tratará este caso, se espera que esto permita que Beatriz y su familia obtengan justicia por las grandes violaciones a sus derechos mientras esperaba que el sistema decidiera sobre su salud y su vida, pero también cómo el Estado salvadoreño incumplió las recomendaciones de la CIDH para adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños causados.
Un nuevo ciclo escolar inició para millones de niños, niñas y adolescentes, o está a punto de iniciar, en el caso del sector educativo público, que según el Ministerio de Educación (Mineduc), arrancará el 15 de febrero de 2023. Se perfila como un año en modalidad presencial, que no pasaba desde marzo de 2020, por lo que docentes, personal administrativo y centros educativos deberían estar listos y preparados para el desafío.
El mensaje es claro: para 2023 los servicios de salud (medicinas, atención hospitalaria, cuidado de las personas, entre otros) no son una prioridad y serán peores, pero la gente tendrá una publicidad (vídeos bien hechos) que buscará hacerle creer que todo está bien.
¿Cómo se pretende garantizar el derecho a la educación de la población salvadoreña? ¿Cómo se mantendrá a la niñez y adolescencia dentro de las escuelas?
