Sin lugar a duda las medidas de prevención y mitigación fueron necesarias para evitar en un inicio olas de contagio masivas, las cuales hubieran colapsado de inmediato los sistemas de salud pública y privado.

A finales de diciembre de 2019, en la provincia de Wuhan en la República Popular de China, se detectó la primera infección por el virus SARS-Cov2, coloquialmente conocido como COVID-19. Lo que sucedió después fue una catástrofe, que condujo a la que probablemente será la peor pandemia que la humanidad tuvo que sufrir en este siglo XXI. En Centroamérica, sus impactos aún siguen vigentes, pero ya ha poco más de 3 años de los primeros casos detectados en nuestros territorios, la pregunta que surge es ¿superamos la pandemia o sólo la hemos querido olvidar?

En marzo de 2020, la mayoría de los países de Centroamérica se preparaban con una serie de medidas de prevención para contener la pandemia. No era para menos, conociendo la gravedad de esta nueva enfermedad y las constantes alertas que emitieron organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además, se observó la difícil situación de un conjunto de países en Asia y Europa que ya estaban atendiendo la primera ola de contagios, con graves golpes a sus sistemas de salud, que a pesar de que están avanzados en cuanto equipo y capacidad, colapsaron ante los contagios masivos y las complicaciones del sistema respiratorio de los pacientes, lo que provocó las primeras muertes confirmadas. Inmediatamente, la mayoría de los países de la región implementaron estados de emergencia ante la crisis sanitaria, y medidas de restricción de movilidad social, lo que incluyó toques de queda, cierre de comercios, paralización de transporte público, entre otras acciones que afectaron a la población y sus economías.

Sin lugar a duda las medidas de prevención y mitigación fueron necesarias para evitar en un inicio olas de contagio masivas, las cuales hubieran colapsado de inmediato los sistemas de salud pública y privado. Si bien, en Centroamérica no se vivió una crisis de magnitudes dramáticas y dantescas como la de Guayaquil, en Ecuador, tampoco fuimos ajenos a la serie de calamidades que traería la pandemia. A pesar de que los ministerios o secretarías de salud pública ya habían recibido apoyo con asignaciones presupuestarias, muchas financiadas con endeudamiento público, el personal de salud y la población nunca estuvieron preparados para lo que se vería en el resto de los meses de 2020, ni de los siguientes 2 años.

Actualmente se cuenta con información oficial de los casos y muertes registrados desde 2020 hasta marzo de 2023, o bueno, eso es en teoría lo que reporta la OMS. Los seis países de la región han contabilizado poco más de 4.1 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 53 mil fallecidos, es decir un porcentaje de letalidad de al menos el 1.3% de la población contagiada. No obstante, se puede observar que algunos gobiernos como el caso de El Salvador dejaron de actualizar sus cifras desde octubre de 2022 y en Nicaragua sucede lo mismo, con reportes cuya última actualización fue de julio 2022, pero los datos del Ministerio de Salud (Minsal) no son los mismos que reporta la OMS. En el resto de los países, hay que tomar en cuenta que se han reducido significativamente las pruebas que se realizan a la población, especialmente las de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) que son las más efectivas para detectar casos positivos.

Se ha observado un relajamiento en las medidas de prevención y mitigación, lo que presume que, para los gobiernos el COVID-19 ya no constituye una preocupación, y aunque pueda existir riesgo de que nuevas variantes del virus generen olas de contagio masivas, los esfuerzos y asignaciones presupuestarias para mantener o reforzar los sistemas de salud son casi nulos. Quizá los gobiernos se han conformado con la aplicación de los esquemas de vacunación contra el COVID-19, con varios tipos de vacuna, algunas consideradas mejores en cuanto a su resultado, pero que en general aportan al resguardo de la población. Esta medida coadyuva a reducir los cuadros severos, y con ello, la probabilidad de muerte. Sin embargo, no todos los países han alcanzado una alta tasa de vacunación. El caso de Guatemala es lamentable y preocupante, porque menos de la mitad de la población ha recibido una dosis de vacunación, y menos del 40% posee el esquema completo. Además, el gobierno guatemalteco ha eliminado las medidas de prevención y mitigación, y también ha recortado casi por completo los presupuestos para la vacunación y la asistencia a los contagiados.

Tomando en cuenta todas las secuelas que ha dejado la pandemia, y a pesar de que la OMS aún no la ha declarado finalizada, pareciera que los gobiernos centroamericanos poco han aprendido de la situación. Sus esfuerzos en solventar los impactos sociales y económicos han sido lentos, e incluso en algunos países, inexistentes. Quizá sus acciones demuestran una postura de querer olvidar lo que se vivió durante los momentos más duros de la pandemia, pero esto representa bajar la guardia, lo que sería un error grave. Actualmente se registran contagios por otros virus como la influenza, la viruela símica o incluso, nuevas variantes del COVID-19. Esto supone riesgos que se deben considerar con mayor precaución y mejor planificación. No obstante, lo más importante es evaluar si los sistemas de salud mejoraron y lograron desarrollar mecanismos eficientes de atención ante emergencias sanitarias. Con ello se espera que los gobiernos hayan aprendido la lección, y estén destinando más recursos a sus sistemas de salud, para garantizar este derecho universal a sus poblaciones, y también para evitar vulneraciones ante nuevas catástrofes sanitarias.

Carlos Gossmann // Economista sénior / @CarlosGossmann

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.