trabajo
Actualmente, en Centroamérica más de la mitad de sus habitantes tienen menos de 30 años, y se proyecta que al final de 2030 la juventud representará el 49.0 % de la población, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El informe en cuestión también destaca la urgente necesidad de que el Estado garantice los derechos a un trabajo en condiciones dignas, justas y favorables; sindicales.
Mientras las economías del mundo se desaceleran, presentan elevados índices de inflación e incremento en las tasas de interés, variables como la inversión y el consumo se contienen o reducen.
Y otras variables importantes, pero menos mencionadas, sufren serias perturbaciones, como los indicadores del mercado laboral. En Guatemala, la condición se agrava, pues pareciera que la precariedad laboral ha existido desde siempre, y ha sido parte y consecuencia de un círculo vicioso que lo complementa la pobreza, la migración y el hambre, entre tantos otros.
Lamentablemente para los países, además del pago de salarios muy bajos, la oferta de trabajo generada en la producción de estos cultivos es muy limitada; también, el deterioro medio ambiental causado impidió para muchos campesinos seguir explotando sus pequeñas parcelas para vivir.
En Guatemala, las mujeres conforman el 51.5% de la población total, situándose mayoritariamente dentro de la población de niñas, adolescentes y jóvenes (entre 0 a 29 años), grupo etario que actualmente representa el 63.0% de la población nacional.
El acceso a un salario digno es uno de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. La retribución por su trabajo debiera ser lo suficiente para garantizar una vida digna para quien trabaja y su familia.