Lourdes Molina
Economista sénior
correo electrónico: lourdes.molina@icefi.org
El presupuesto debe atender nuestras necesidades y derechos, no los intereses particulares de nuestros gobernantes.
El Covid-19 nos encontró con un Estado debilitado, incapaz de garantizar derechos y administrado por desconocedores de la naturaleza de lo público y de lo básico para diseñar polític
Un conductor que paga “mordida” para evitar una multa de tránsito; una funcionaria que acepta regalos de una empresa a cambio de “ayudarle” con la aprobación de un estudio de impacto ambiental;
Un dolor nada normal, una consulta médica, exámenes de laboratorio, ultrasonido.
En el primer trimestre de 2023 la Corte IDH tratará este caso, se espera que esto permita que Beatriz y su familia obtengan justicia por las grandes violaciones a sus derechos mientras esperaba
El acceso a un salario digno es uno de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
El Salvador es un país insostenible, y en esta ocasión no me refiero a la polarización política o a los altos niveles de violencia e inseguridad; sino a un problema que aunque no acapara titulares también debería estar en la agenda de discusión. Hablo de la insostenibilidad ambiental.
Por otra parte, el gasto público refleja un enfoque de austeridad y representará 24.3% del PIB, menor que el 26.8% esperado para 2022.
La administración Bukele tiene en la comunicación propagandística una de sus mayores fortalezas, pero ante problemas tan complejos, como enfrentar una pandemia, resulta insuficiente.