Observatorio fiscal centroamericano no. 30 época II

Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre el mundo celebrará en París la 21ª Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21). Este año la conferencia es transcendental para avanzar en un marco jurídico global que permita frenar las emisiones de efecto invernadero y fortalecer los programas de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, los compromisos deberán incluir un paquete de responsabilidades financieras que deberán asumir los 155 Estados presentes en el encuentro. 

Las principales consecuencias del cambio climático son cinco. Primero, la reducción de la producción agrícola y una mayor inseguridad alimentaria. Segundo, mayores conflictos por falta de agua. Tercero, el aumento del nivel del mar y una mayor exposición a desastres meteorológicos. Cuarto, la extinción de ecosistemas y biodiversidad. Y, quinto, el incremento de epidemias.  El cambio climático está provocando cada vez más altos costos y provocando pérdidas irreversibles, principalmente en regiones menos desarrolladas, con menor capacidad de adaptación y mitigación.

En su más reciente edición, el Índice de Riesgo Climático Global 2015 ―publicado por Germanwatch―, revela que, entre 1994 y 2013, cerca de 530,000 personas han muerto como resultado directo de más de 15,000 eventos climáticos extremos. Las pérdidas económicas suman más de USD 2.15 billones. En cuanto a Centroamérica, en ese período de tiempo, en promedio han muerto más de 12,000 personas, y las pérdidas materiales ascienden aproximadamente a USD41.3 millardos.

Centroamérica es una de las regiones más afectada por el cambio climático. De hecho, en el ranking mundial Honduras ocupa el puesto número 1 por nivel de riesgo, seguido muy de cerca por Nicaragua (4), Guatemala (9) y El Salvador (12). Los cuatro países se ubican entre los 15 con mayores costos sociales (muertes) y económicos (pérdida de producción, carreteras, puentes, entre otros) como resultado del cambio climático experimentado en estas últimas dos décadas, mientras Costa Rica y Panamá se encuentran en mejor posición.

Las proyecciones para los próximos años revelan que los efectos del cambio climático podrían ser devastadores para Centroamérica, provocando cuantiosas pérdidas humanas y económicas. Aun cuando la dimensión del problema requiere un abordaje mundial, las sociedades centroamericanas deben sumar la comprensión del cambio climático a los desafíos que aún persisten en materia fiscal.  Por el lado del gasto público, se deben hacer esfuerzos para asentar en espacios seguros a la población, así como invertir en un cambio, cultural y productivo (agropecuario, industrial, comercial y energético), que promueva una mejor relación y regulación con respecto al medio ambiente. 

En lo tributario, se debe promover la utilización de materiales biodegradables y tecnologías limpias, y asegurar que las actividades y productos más contaminantes tengan una mayor tasa impositiva, que cambie los hábitos de consumo y permita financiar los procesos para mitigar sus externalidades negativas.  Estos esfuerzos deben completarse con una mejor planificación para el desarrollo sustentable y la gobernabilidad democrática.

De la COP21 seguramente surgirán nuevas reglas de juego para luchar contra el cambio climático. Esta agenda internacional, que se sumará a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deberá ser acompañada por un diálogo social maduro, más allá de los particulares intereses políticos, empresariales o gremiales, para que los Estados centroamericanos tomen acciones concretas que permitan avanzar hacia el desarrollo sostenible.