Reducir la pobreza requiere inversión de los Estados
Los países centroamericanos se encuentran de cara a la aprobación de sus presupuestos de ingresos y egresos para el período 2023. Esto se traduce en oportunidades para priorizar gastos orientados a: resolver problemáticas estructurales.
El próximo 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación De La Pobreza, lo que representa un recordatorio de los diversos aspectos sociales y económicos que esto involucra, pero aún más, la interrelación que esto llega a tener en la intervención de Estados que invierten más en el Gasto Público Social (GPS) y cómo esto permite reducir las brechas de desigualdad y distribución de riqueza. Según las Naciones Unidas (UN), se debe dejar de pensar que el problema de la pobreza es exclusivamente una falta de ingresos, puesto que se trata de un fenómeno multidimensional que incluye, entre otras particularidades, la ausencia de capacidades básicas para vivir con dignidad. Es decir, las personas que viven dentro de los umbrales de pobreza y pobreza extrema experimentan privaciones que tienden a reforzarse mutuamente, impidiéndoles ejercer sus derechos y que, además, perpetúan la pobreza.
Entre algunas situaciones que atraviesan las personas que se encuentran en los quintiles inferiores de riqueza se pueden mencionar que: deben afrontar la falta de alimentos nutritivos (o de cualquier tipo de alimento); acceso desigual al sistema de justicia; limitaciones en la accesibilidad de la atención médica oportuna; residir en viviendas inseguras (sin pisos, techos o paredes adecuadas, sin acceso a un sistema de agua entubada o drenajes, en zonas de riesgos de catástrofes naturales, etc.); desarrollar su trabajo en condiciones peligrosas y mal remuneradas –en buena parte de los casos dentro de economías informales que nos les garantizan sus prestaciones laborales, ni contratos, ni jubilaciones o pensiones–; una marcada ausencia dentro del poder político, puesto que sus intereses y necesidades no son atendidas por el Gobierno ni por sus representantes dentro del poder legislativo, entre otras situaciones que afectan directamente su bienestar.
Con lo dicho anteriormente, cabe reflexionar entonces si el papel del Gobierno es crucial para cambiar la realidad de millones de personas que, dentro de los países centroamericanos, se encuentran en condiciones de la pobreza multidimensional. En ese sentido, se hace alusión a un elemento importante e inseparable de las funciones del Gobierno, las finanzas públicas. Sobre ellas recae el mecanismo de financiamiento y de ejecución de los bienes y servicios públicos que deben atender, más allá de las necesidades de la población, sus derechos humanos inalienables e irrenunciables. Como base de este elemento, se encuentran los presupuestos públicos que representan el instrumento de garantía al acceso a dichos derechos y que deben responder a la realidad socioeconómica de cada país. Los presupuestos públicos que se manejan y destinan a los intereses colectivos de la población, permiten trascender a condiciones de desarrollo humano favorables, no sólo para los menos favorecidos, sino para todas las personas independientemente de su situación económica y social.
Los países centroamericanos se encuentran de cara a la aprobación de sus presupuestos de ingresos y egresos para el período 2023. Esto se traduce en oportunidades para priorizar gastos orientados a: resolver problemáticas estructurales que limitan el acceso de una alimentación ininterrumpida y adecuada para la población infantil (prioritariamente); a una educación universal –que incluya todos los niveles–; a la atención de salud primaria y oportuna; a un sistema de justicia que garantice respuestas inmediatas y sus derechos; a un sistema de seguridad pública que prevenga la violencia y atienda los hechos delictivos; a una infraestructura pública que permita la movilidad efectiva tanto para el comercio como para el tránsito de las personas; a programas que respalden la tecnificación o capacitación de las juventudes para el acceso a empleos formales; a programas de protección social que permitan a las poblaciones más desfavorecidas, un techo mínimo de cobertura de necesidades básicas; a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad de la cual dependen cientos de comunidades en las áreas rurales, y a otras acciones que respondan a las necesidades sociales que cada país requiere.
Reducir y erradicar la pobreza depende entonces de Gobiernos que destinen la inversión de los recursos financieros al Gasto Público Social (GPS), pero no desde un sentido paternalista, sino como parte de un ejercicio de redistribución progresivo del gasto público, el cual es financiado por la propia ciudadanía y es su derecho reclamarlo. Lamentablemente, se conocen muy bien de los problemas que ha traído la corrupción a los gobiernos centroamericanos, sin que estas situaciones se logren solucionar, condición que merma la confianza ciudadana en la gestión del uso adecuado de los recursos. Eso sin contar, además, de gobernantes que disponen de poder autoritario sin respeto a sus marcos normativos ni a los estándares mínimos de la democracia, y que imponen dictaduras que dañan aún más las finanzas públicas de sus países.
Conmemorar este 17 de octubre es también un llamado a reivindicar las luchas contra la corrupción y las dictaduras. Es realizar un ejercicio democrático para solicitar a los gobiernos la aprobación de presupuestos públicos que atiendan los derechos de la población y no que respondan a los intereses de clase de grupos minoritarios que velan por su statu quo. Con Estados transparentes, democráticos, con conciencia social y con el financiamiento suficiente, la erradicación de la pobreza puede llegar a ser una realidad tangible en el mediano y largo plazo.
Carlos Gossmann // Economista sénior / @CarlosGossmann
Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.