En la gestión pública del siglo XXI, se reconoce cada vez más la importancia de la participación pública o ciudadana como un componente fundamental de los sistemas democráticos, ya que representa el derecho y la capacidad de las personas para involucrarse activamente en los asuntos públicos, ejercer su derecho a tener voz e influir en la toma de decisiones y contribuir al desarrollo de políticas que afectan su vida y comunidad. Frente a la crisis de confianza que actualmente enfrentan los sistemas políticos, las autoridades y las instituciones públicas, constituye un recurso valioso para el diseño, implementación y revisión de políticas públicas, ya que las autoridades pueden aprovechar el conocimiento, experiencias, puntos de vista y valores de la ciudadanía, contribuyendo a reequilibrar el ejercicio del poder para que las decisiones políticas reflejen los intereses y preocupaciones de la sociedad en su conjunto.

 

Diferentes normas y estándares internacionales han reafirmado en las últimas décadas el derecho humano de las personas a formar parte de la elaboración e implementación de políticas fiscales y presupuestarias, de manera que, si se diseña y enmarca cuidadosamente, la participación pública puede conducir a una amplia gama de resultados positivos en los procesos que definen la forma en que se recaudan, asignan y gastan los recursos públicos. La ciudadanía puede aportar información esencial sobre las necesidades y prioridades, legitimar decisiones presupuestarias que se encaminen a mejorar su calidad de vida, participar en la supervisión y el monitoreo de las políticas públicas, así como reforzar la supervisión o vigilancia para reducir la mala gestión y las oportunidades de corrupción.

 

Sin embargo, eso requiere que la institucionalidad pública brinde oportunidades para facilitar esa participación en las diferentes etapas del proceso presupuestario. En Guatemala, existen avances importantes en el ámbito de la transparencia fiscal, pero la edición más reciente de la Encuesta de Presupuesto Abierto evidencia que el nivel de oportunidades de participación pública en el proceso presupuestario aún es bajo, e incluso ha registrado retrocesos. Esto a pesar de que existen mecanismos formales en la etapa de formulación a cargo del Organismo Ejecutivo y en la de aprobación del Organismo Legislativo, pero que aún se resisten a ceder influencia a la ciudadanía sobre estas decisiones. 

 

La realidad también ha demostrado la existencia de ejercicios en donde las autoridades únicamente buscan aparentar un compromiso con la transparencia y apertura, o incluso con el fin de legitimar o avalar decisiones presupuestarias que ya estaban definidas con antelación y que no pensaban modificar como consecuencia de los procesos participativos. Por eso se puede afirmar que existen retos y espacios para mejorar estos canales, pero requiere una evaluación profunda de lo realizado hasta ahora, rediseñar los mecanismos o canales existentes,

favorecer un clima de confianza, destinar los recursos apropiados y, sobre todo, demostrar un compromiso y deseo genuino de involucrar a las personas y de tener en cuenta sus aportaciones en el ámbito presupuestario. 

 

Con esa idea, el Icefi busca aportar a la reflexión sobre este asunto y ofrece un panorama general en cinco secciones, enfocándose en los mecanismos de participación pública en materia presupuestaria que tienen disponibles el Organismo Ejecutivo durante la fase de formulación (presupuesto abierto) y el Organismo Legislativo en la fase de aprobación (audiencias públicas).