En El Salvador, la conmemoración del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, no debiera reducirse a un comunicado oficial; pues mientras las autoridades expresan sus “buenas” intenciones para atender el problema, en la práctica adoptan las medidas contrarias e incluso las más perniciosas.
Ni la mejor técnica de Photoshop, ni la mejor edición de video, ni la mejor campaña de marketing sirven al momento que alguien se para frente al espejo sin maquillaje ni careta y, se refleja de manera clara quien es realmente. ¿Cómo será el reflejo de los gobernantes de Centroamérica, de los jueces, de los diputados, de los fiscales, de las cúpulas militares o de quienes forman parte de las élites económicas y políticas? A tenor de la realidad, lo que mayoría de ellos verá reflejado es la cara de la corrupción.
En sociedades profundamente pobres, gobernadas al amparo de instituciones disfuncionales, el término «derechos humanos» es comúnmente motivo de debate y polémica. Algo similar a lo que sucede con el fútbol y la religión, pues, como reza el dicho, son temas de los que no se debe hablar. Para esto último podré bien estar de acuerdo, pues caben en la esfera de lo individual. Pero no cuando se trata de derechos humanos.
El cambio climático representa la amenaza ambiental más grande para superar la pobreza y garantizar el bienestar y los derechos de las personas; si este fenómeno no es contrarrestado, elementos básicos para la vida de las personas, como el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud y el ambiente, podrían verse afectados de manera irremediable.
En Guatemala, El Salvador y Honduras, los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), la violencia es tan cotidiana que incluso se naturaliza. Es tan generalizada, que amenaza a todas las personas; pero fundamentalmente es tan misógina, racista y clasista que se exacerba según el género, la edad, la etnia, la diversidad funcional y la capacidad adquisitiva de las personas.
Aunque no sea tan emocionante como un partido de fútbol o sea menos intrigante que una novela mexicana, al presupuesto público también deberíamos prestarle atención. Más que un baile de cifras y tecnicismos, el presupuesto público es donde se plasma las prioridades de un gobierno, es donde se observa quienes pagan impuestos y quienes no, y donde se puede saber cuáles derechos se van a garantizar y cuáles no. Al analizar el proyecto de presupuesto de 2020, trae cosas positivas y otras preocupantes.
El 5 de noviembre debiera declararse día de la vergüenza nacional para El Salvador, luego que la Cámara Primero de lo Penal resolviera que los tocamientos atribuidos al magistrado Eduardo Jaime Escalante (contra una menor de 10 años) no tienen la gravedad y trascendencia necesaria para ser constitutivo del delito agresión sexual, sino que más bien representa una falta penal de actos contrarios a las buenas costumbres y al decoro público.
En los últimos días hemos tomado mayor conciencia de como el Estado salvadoreño es incapaz de cumplir con uno de sus roles más básicos: garantizar derechos, en especial de los grupos poblacionales más vulnerables como la niñez. La más reciente manifestación de ello es que un hombre adulto, que de paso se desempeña como Magistrado y es responsable de impartir justicia en nuestro país, puede tocar los genitales de una niña, sin que eso implique que haya cometido algún delito.
En enero de 2018 el gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que acoge aproximadamente a 263 mil salvadoreños, 86 mil hondureños, 58 mil haitianos, más de 5 mil nicaragüenses y un millar de sudaneses.
Pareciera la trama de una película donde el caos social va de país en país y donde el escritor –casi con manos invisibles– quiere mostrar que no hay país que esté a salvo.