Cada primer día del mes de junio se suele hacer un recuento de las acciones del Presidente de turno en El Salvador; en toda la época democrática del país, este ejercicio ha permitido reconocer algunos cuantos avances, pero muchos más desafíos, retos pendientes y promesas sin cumplir. Lo ideal sería que la población pudiera evaluar cada administración en función de su contribución, o no, a la construcción de un mejor país para las presentes y futuras generaciones. Pero en el nuestro no se planifica, jamás se ha planificado, con una visión de Estado.
Ningún país en el mundo ha logrado transitar hacia el desarrollo sin más y mejor educación. Los países del sudeste asiático (los llamados Tigres Asiáticos) permiten ilustrar un despegue social y económico en menos de 30 años, que implicó una serie de reformas en sus instituciones públicas y que contribuyeron a cimentar el incremento de capacidades en sus ciudadanos.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. En nuestro país esa premisa se aplica dependiendo de quién eres, dónde vives y, sobre todo, cuánto tienes. Día a día somos testigos, o quizá cómplices, de cómo el Estado salvadoreño incumple sus obligaciones de garantizar que los derechos humanos se disfruten sin discriminación y, de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Una realidad que se ha normalizado.
Hace ya algún tiempo, en una conversación con un allegado, discutía la necesidad e importancia de los distintos programas sociales que se tienen en El Salvador. Sin embargo, durante esa discusión el programa de alimentación escolar fue el que nos generó los puntos de vista más discordantes. Lo peculiar no fue que discutimos sobre muchas de las críticas que entre voces se manejan en las comunidades: «los suministros no llegan a tiempo, son las madres las que tienen que cocinar, no existen condiciones en las cocinas, entre otros».
En Centroamérica han ocurrido contiendas electorales cuyos resultados evidencian, entre otros aspectos, distintos grados de maduración y consolidación democrática, particularmente si se analizan desde una perspectiva de legitimidad basada en la paridad representativa.
En democracias consolidadas, la ciudadanía tiene certeza de las agendas de sus representantes en el Órgano Legislativo. En El Salvador, para las pasadas elecciones, únicamente dos de los ocho partidos en contienda presentaron una plataforma legislativa, y en ambos casos las plataformas distaban mucho de ser completas e integrales y se limitaban a un manifiesto de buenas intenciones. Aun así, el pasado 1 de mayo, 25 ciudadanas y 59 ciudadanos, asumieron sus funciones como diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa.
¿La carga tributaria debe incluir solo los tributos que cobra el gobierno central o debe incluir los que cobran otras entidades estatales? ¿Qué pasa si se incluyen las contribuciones a la seguridad como parte de la carga tributaria?
El 23 de marzo la realidad económica no cambió, lo que sucedió fue que el Banco Central de Reserva nos dio unos lentes de mejor calidad para verla con mayor claridad.
En septiembre de 2015, Guatemala, como parte de los países que conforman la Organización de Naciones (ONU), adoptó una agenda de desarrollo sostenible conformada por un conjunto de objetivos orientados a erradicar la pobreza, lograr una mayor igualdad, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, cuyo alcance se perfila hacia el año 2030.
El viernes pasado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el reporte macroeconómico regional Crecimiento Inclusivo, retos y oportunidades para Centroamérica y República Dominicana.