En septiembre de 2015, Guatemala, como parte de los países que conforman la Organización de Naciones (ONU), adoptó una agenda de desarrollo sostenible conformada por un conjunto de objetivos orientados a erradicar la pobreza, lograr una mayor igualdad, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, cuyo alcance se perfila hacia el año 2030.    

La implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la agenda antes mencionada representa un desafío de dimensiones importantes para el país en términos de su financiamiento, puesto que en Guatemala existen rezagos significativos en lo relativo al orden económico, social y político, a lo que se suma, la escasez de recursos públicos para mitigar esos rezagos, toda vez que la carga tributaria alcanza apenas un 10%, siendo una de las más bajas del mundo. Esto da luces al respecto de que los montos necesarios para el cumplimiento de los ODS exceden la capacidad de financiamiento que actualmente posee el Estado guatemalteco.

Teniendo en consideración el raquitismo de los recursos públicos para financiar el desarrollo sostenible se hace necesario poner en marcha reformas que permitan recursos adicionales para tales fines. En tal sentido, organismos internacionales y autoridades gubernamentales han promovido reformas tributarias que apuntan al incremento de la recaudación por medio del aumento, principalmente, de impuestos indirectos,  tal como el impuesto al valor agregado (IVA), sobre todo debido a que este tipo de impuesto ha sido susceptible de reformas exitosas, especialmente en lo relativo al cambio de tasas impositivas. Esto ha permeado en el pragmatismo político, haciéndolo uno de los impuestos más atractivos para modificaciones cuando se piensa en reformas impositivas. Sin embargo, el IVA es un impuesto regresivo —es decir que afecta en mayor proporción a las personas de menores ingresos—, debido a su imposibilidad para distinguir la capacidad de pago de las personas.

Dada la urgencia en fortalecer los ingresos públicos, el análisis de las reformas impositivas, en Guatemala, se concentra por lo general en sus efectos recaudatorios, justificados en torno a la sostenibilidad o suficiencia de las finanzas públicas, dejando de lado  el análisis de otros efectos, también importantes, como las distorsiones que se pueden desencadenar, especialmente en lo social.   

Un estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) aborda, precisamente, lo que el análisis tradicional, en el contexto guatemalteco ha descuidado, esto es, las implicaciones de un aumento de la tasa del IVA sobre el bienestar de los hogares.  El estudio centra su análisis para los países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. 

El Icefi en su estudio revela, que si bien, un aumento de la tasa de IVA (del 12 al 15% para Guatemala) podría tener efectos negativos y marginales sobre la distribución del ingreso, dado que el índice de Gini tendría un aumento leve (aproximadamente décima y media en el caso de Guatemala), pudiéndose, por ello, argumentar que el efecto de la medida es neutro, existen deterioros de consideración sobre el bienestar.

En primer lugar, podría haber cambios en los patrones de consumo, en detrimento del gasto en alimentos, el cual se reduciría, viéndose afectados en mayor proporción los hogares de menores ingresos, lo cual podría disminuir la posibilidad de cumplir el ODS número dos (Hambre cero); En segundo término, podría haber un deterioro del bienestar de los hogares, es decir, podría haber una pérdida de su ingreso real, siendo más fuerte este efecto en los hogares de menores ingresos;  en tercer lugar, la medida podría representar un aumento en los niveles de pobreza, pudiendo más de 40 mil hogares guatemaltecos caer en situación de pobreza, lo cual complicaría aún más el cumplimiento del ODS número uno (Fin de la pobreza); En cuarto lugar, el Icefi destaca que habría un aumento de la pobreza en hogares con jefatura femenina, especialmente en los casos de El Salvador y Honduras, lo que representaría desafíos mayores para el cumplimiento del ODS número uno y, también, para el ODS número cinco (Igualdad de género).

Ante ese escenario, el estudio del Icefi recomienda que, tanto Guatemala como El Salvador y Honduras busquen la adopción de una política fiscal que, coadyuve al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y garantice la suficiencia de recursos para cumplir con la provisión oportuna de servicios públicos de calidad, pero siendo indispensable incrementar los ingresos tributarios con criterios de progresividad y de equidad tributaria, de tal forma que el financiamiento adicional que pueda obtenerse no represente retos aún mayores para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030. Asimismo, complementar la agenda de cambios fiscales con reformas que mejoren la transparencia fiscal, cierren los espacios para la corrupción, y hagan más efectiva la ejecución del gasto público.

Esta columna fue transmitida el 17 de abril en Radio Universidad 92.1 FM