Septiembre, el denominado mes patrio, cuando las banderas hondean y el nacionalismo aflora. En las escuelas siguen hablando de los próceres que nos liberaron del yugo de la corona española, hombres que lucharon por amor para la libertad. Es lo que se repite año tras año. Pero de lo que se habla poco es que cada 15 de septiembre se celebra un hecho histórico motivado más por razones económicas y políticas que patrióticas. Entre las razones económicas, se debe resaltar la concerniente a la política fiscal: el pago de tributos (impuestos) y sus beneficios (el gasto público).
En una región muy muy lejana, había una vez tres países en donde la violencia era el pan de cada día y especialmente, la ejercida por razón de género. En uno de ellos, El Salvador (paradójicamente conocido como el «país de la eterna sonrisa»), durante el primer trimestre del presente año se reportaron 463 denuncias por violencia intrafamiliar, 1,550 abusos sexuales (siendo el 72.52%, abusos a menores de edad) y 199 feminicidios; cifras alarmantes pese a que, en lo que respecta a feminicidios se registraron 101 casos menos que los reportados en 2016, para el mismo período.
La evidencia muestra que la desigualdad social es un mal acuciante en El Salvador. Datos de Oxfam muestran que 160 personas acumulaban una riqueza equivalente al 87 % del PIB en 2014. Esto tiene como consecuencia que el país pierda en 2015 un promedio de 22.2 % en el Índice de Desarrollo Humano cuando éste es ajustado por la desigualdad.
A veces la política fiscal pareciera ser algo que solo incumbe a tecnócratas, instituciones financieras, especialistas en la materia o a los políticos, cuando en realidad es algo que debiera ser discutido por toda la ciudadanía. ¿Por qué? En primer lugar porque basta con prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor y ver las necesidades latentes de que el Estado sea efectivo, para que las personas tengan acceso a salud, educación y seguridad no como un privilegio sino como lo que son, derechos.
Esta semana pasé unas largas horas en un hospital del seguro social. Sin buscar describir la sensación de lo que significa que un ser querido esté en un quirófano, estas horas me sirvieron para reafirmar lo que implica el derecho a la seguridad social y a la salud. Se imaginan ustedes lo que sentirían que les dijeran que no pueden atender a tu padre, madre, hermano o amigo por no tener dinero suficiente para pagar un hospital. Es evidente, que la garantía de los derechos humanos no puede depender de si se tiene dinero o no.
La situación de El Salvador me hace recordar a nuestra querida Mafalda. Como ella, creo que muchas personas alguna vez nos hemos preguntado “¿Y por qué habiendo mundos más evolucionados yo tenía que nacer en éste?”
La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley del Presupuesto (LP) del 2017 puede ser dividida en dos partes: 1) Análisis sobre la transgresión a preceptos constitucionales y 2) Fallo de la sentencia. Respecto a la primera parte, se argumenta que la LP del 2017 transgrede los principios de equilibrio presupuestario y universalidad plasmados en la Constitución. Sobre este punto, se debe advertir que el presupuesto 2017 no incluyó todas las erogaciones necesarias para afrontar los compromisos del gobierno.
El tributo representó el 45.8% de la recaudación acumulada a junio de 2017, por lo que requiere mucha atención de las autoridades fiscales.
En 1998 las autoridades hondureñas promovieron la creación de la Ley de Incentivos al Turismo, que tenía como propósito promover el aumento de inversiones privadas y empleo en las diversas regiones turísticas del país. Han pasado 27 años desde la vigencia de dicha ley, y se desconocen estudios oficiales que evalúen si se han cumplido los objetivos primordiales de este trato privilegiado al sector turístico.
En nuestro país hubo corrupción, hay corrupción y probablemente en el futuro habrá corrupción. Y es algo que ocurre en todos los países alrededor del mundo. Lo que no ocurre en aquellos países con democracias sólidas y con un verdadero compromiso en contra de la corrupción, es que este delito, en sus diferentes manifestaciones, quede impune y mucho menos que el marco legal e institucional promuevan su impunidad.