El presupuesto de 2021 ha tenido una ruta accidentada y plaga de politización. Luego que al inicio de septiembre de 2020 el Ejecutivo presentara al Congreso de la República la iniciativa de ley conteniendo el proyecto de presupuesto, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso la analizó con hermetismo y opacidad, y en noviembre emitió su dictamen favorable, en el cual no solo desatendió recomendaciones de la sociedad civil organizada, sino que además introdujo anomalías y disposiciones que abrían espacios para el abuso y la corrupción. El 18 de noviembre de 2020 el Pleno del Congreso aprobó el presupuesto para 2021, en una sesión que se extendió hasta la madrugada del día siguiente, en la que se aprobaron enmiendas que agravaron aún más las anomalías introducidas en el dictamen de la CPFM.

La ciudadanía reaccionó rechazando la forma y el fondo del presupuesto aprobado por el Congreso, manifestándose masivamente en las calles. El Gobierno a su vez reaccionó reprimiendo violentamente las manifestaciones, lo que degeneró en una crisis política mayúscula, la cual tuvo como desenlace el 25 de noviembre, cuando el Congreso empleó un mecanismo legislativo para archivar el decreto aprobado. Esta acción tuvo el mismo efecto legal que una no aprobación por parte del Congreso, con lo cual se aplicó la disposición constitucional que, en esta situación, ordena que el año siguiente se ejecute el presupuesto vigente al final del ejercicio fiscal anterior. Es decir, en 2021 se está ejecutando el presupuesto vigente al final de 2020, el cual, a su vez, también por la no aprobación del congreso, es el de 2019 aprobado en 2018, más las ampliaciones aprobadas en 2020.

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