A pocos días de conocer el proyecto de presupuesto de 2020, una presentación sobre la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) revela que esta es insuficiente, para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas. El Instituto reiteró el llamado a que el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2020 sea analizado en función de la responsabilidad del Estado con la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Con un carga tributaria que, según estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), alcanzará un mínimo histórico en los últimos 20 años (9.6% del PIB), el proyecto de presupuesto 2020 se enfrenta a una serie de dificultades, particularmente en las asignaciones destinadas a garantizar los derechos a las niñas, niños y adolescentes.

Un análisis presentado este martes por Icefi, en alianza con Save the Children, ante la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la República, y en el que participaron diferentes organizaciones sociales del país,  evidenció las deficiencias que deben ser atendidas por el Estado en el próximo proyecto de presupuesto.

La presentación, titulada La inversión pública en niños, niñas y adolescentes: la obligada respuesta del Estado guatemalteco, estuvo a cargo de José Monzón, Economista investigador, y Walter Figueroa, Economista sénior del Instituto.

Monzón dio un panorama general de la situación de la niñez y adolescencia, donde destacó que Guatemala es un país joven, con una oportunidad única cuando del bono demográfico se trata; sin embargo, las condiciones de pobreza, desigualdad y educación complican el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

A eso se le suma que la respuesta del Estado es ineficiente. Monzón explicó que en 2018, según fuentes oficiales, el gasto público del Gobierno Central fue el más bajo de Centroamérica. Tampoco favorece que los ingresos públicos, que son la principal fuente de financiamiento del Estado, sean cada vez menores, en términos reales.

“El tema de los ingresos tributarios, la principal fuente de financiamiento del gasto, muestra un escenario desalentador ya que la carga continúa en caída y aunque para este año se pronosticó una recuperación, lo cierto es que el agujero fiscal podría marcar para fin de año una brecha de Q2,700 millones y, por lo tanto, una caída de la carga tributaria hasta representar el 9.6% del PIB”.

Esa cifra, 9.6%, sería la más baja en los últimos 20 años, lejos del 12.1% que se recaudó en 2007.

El Estado, con tarea pendiente para cumplir los ODS

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) vinculados con niñas, niños y adolescentes (NNA) tampoco serán alcanzados si continúan las deficiencias en la asignación y ejecución del gasto público y la baja recaudación tributaria.

Walter Figueroa, Economista sénior, explicó que varias de las metas del ODS aún están desvinculadas del presupuesto público. El análisis del Icefi determinó que la IPNA está concentrada en educación y salud, dejando a un lado otros ODS, como los relacionados a la Igualdad de Género, Producción y Consumo Responsables, y Agua Limpia y Saneamiento. Esa concentración, además, no implica mejores resultados en esas áreas específicas.

“En 2019, el Ministerio de Educación tuvo un aumento significativo de asignación del presupuesto; pese a ese aumento, se atendieron a menos niños en preprimaria y primaria, y hubo una menor profesionalización de los maestros”, señaló Figueroa.

El Icefi concluyó que los recursos asignados a la IPNA son insuficientes, lo que implica un síntoma del incumplimiento crónico de derechos para la niñez y adolescencia. Asimismo, la gestión pública muestra inconsistencias en materia de planificación y ejecución, elementos que juegan un papel determinante en este incumplimiento.

Entre las recomendaciones presentadas está que el Ministerio de Finanzas y el Directorio de la SAT pongan en marcha esfuerzos concretos para elevar la recaudación tributaria, enfocándose en el combate al contrabando, la reducción de la evasión del IVA e ISR, y eliminar privilegios fiscales de comprobada ineficacia. Además, se debe mejorar la institucionalidad pública para monitorear y evaluar su gestión. Finalmente, ambos especialistas del Instituto expresaron la necesidad de que el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2020 sea analizado en función de la responsabilidad del Estado con la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.