No puede haber paz mientras haya injusticia. La historia de El Salvador está marcada por injusticias escritas con sangre: genocidios (en 1932 fueron asesinados 32,000 indígenas, algo de lo que muy poco se habla), golpes de Estado, dictaduras militares y por supuesto uno de los más dolorosos conflictos armados a nivel mundial. La guerra civil que finalizó en 1992 cobró más de 75,000 víctimas mortales, sin contar los miles de desaparecidos, y forzó a millares de personas del área rural a migrar hacia zonas urbanas del país, y a muchos otros a huir hacia diversos países, principalmente a los Estados Unidos, Australia y Canadá.

Las discusiones en los últimos siglos se podrían resumir en torno a cuál es el papel que deben jugar los Estados en la sociedad. Desde posiciones que abogan por su reducción al mínimo, como el neoliberalismo, hasta expresiones ideológicas que apuestan por su involucramiento en todos los contextos sociales. En todo caso, en pleno siglo XXI, la idea del Estado efectivo, capaz de mejorar el bienestar social y económico, es la que se plantea como la mejor alternativa frente a la democracia y el desarrollo.

Un aspecto que en ocasiones se le pone poca atención en el ámbito de las finanzas públicas es la credibilidad.

Y quizá, aunque ella no lo sepa, una vez más tendrá que pagar la factura de las decisiones de políticos que utilizan el Estado para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.